España se acerca a una fecha clave que marcará su desafío económico más importante de las próximas décadas: el año 2029. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a partir de ese año comenzará a disminuir la población en edad de trabajar, es decir, aquellas personas comprendidas entre los 16 y los 66 años. Aunque la inmigración será un factor esencial para sostener la fuerza laboral y equilibrar la relación entre trabajadores y pensionistas, su efecto solo podrá compensar parcialmente esta caída.
La AIReF, dirigida por Cristina Herrero, estima que sería necesario aumentar en un millón el número de inmigrantes hasta 2050 para mantener la tasa de dependencia -la proporción entre la población activa y la dependiente- en torno al 48,2%. Sin embargo, las previsiones tanto del propio organismo como de Eurostat son menos optimistas, lo que plantea un reto significativo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ya que la población en edad laboral se reducirá aproximadamente un 7% hasta situarse en 30,6 millones de personas en 2050.
La última reforma de pensiones, aprobada en 2021 y 2023, intentó compensar esta tendencia mediante un aumento de las cotizaciones de los trabajadores en activo. El Ministerio de Seguridad Social basó sus previsiones en unas proyecciones migratorias que contemplaban la llegada de entre 200.000 y 350.000 personas al año hasta 2035, una cifra inferior a la necesaria según la AIReF. A partir de esa fecha, las estimaciones del ministerio que entonces dirigía José Luis Escrivá elevaban los flujos hasta medio millón de inmigrantes anuales hacia 2050, un número muy por encima de lo que prevén los organismos independientes europeos.
Los economistas coinciden en que predecir la evolución de la inmigración es extremadamente complejo. Tras la pandemia, por ejemplo, el número de llegadas superó todas las expectativas y contribuyó al crecimiento del empleo, que alcanzó los 22 millones de trabajadores. Sin embargo, los informes más recientes de la AIReF advierten de que, debido al aumento de jubilados, la tasa de dependencia podría superar el 70% en 2054, si no se produce un fuerte incremento migratorio.
De hecho, el organismo fiscalizador señala que España debería multiplicar casi por cuatro el número de inmigrantes recibidos en 2024 -350.706 personas, según la Estadística Continua de Población- para evitar ese deterioro. La capacidad del país para atraer trabajadores extranjeros será, por tanto, determinante tanto para el mercado laboral como para la viabilidad financiera del sistema de pensiones, que depende de las cotizaciones y los impuestos de los empleados.
Este diagnóstico coincide con el que expuso el Banco de España un año antes, durante el mandato de Pablo Hernández de Cos, cuando advirtió que el país necesitaría entre 24 y 37 millones de inmigrantes adicionales para mantener una tasa de dependencia estable. «No parece probable que la inmigración por sí sola logre frenar el envejecimiento poblacional», señalaba entonces el banco central, que en su último informe anual ha optado por no abordar de nuevo el tema de las pensiones.
El primer informe anual elaborado bajo la supervisión de Escrivá sí analizó cómo la inmigración reciente ha influido en la economía española y qué factores explican el atractivo del país para las personas en edad de trabajar. Entre las razones destacaban la reducción del desempleo, el incremento del salario medio y las reformas migratorias que han facilitado una mayor integración laboral y social. No obstante, también señalaba que la situación política y económica de los países de origen y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos han favorecido un aumento de los flujos hacia España en los últimos años.
El Banco de España recordaba además que el impacto de la inmigración depende de las características de quienes llegan -su edad, formación o país de procedencia-, ya que estos factores determinan los empleos que pueden desempeñar y su nivel de integración en la sociedad española. Por ello, el organismo animaba a evaluar si las políticas públicas actuales son suficientes o si es necesario reforzar las medidas de integración.
Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales, la llegada de trabajadores extranjeros también se considera una oportunidad para mitigar la falta de mano de obra que sufren sectores como la agricultura, la construcción o el transporte. Para ello existe el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, diseñado para facilitar la contratación de extranjeros. Este instrumento fue reformado en 2022 bajo la dirección de Escrivá, pese a la oposición del Ministerio de Trabajo, aunque las pymes continúan denunciando problemas para encontrar personal cualificado en estos ámbitos.
(El Economista, 06-10-2025)
