Pocos días después de que tanto el Gobierno central como la Generalitat iniciaran los primeros movimientos para preparar nuevos presupuestos, ERC ha aprovechado el momento para lanzar un doble desafío: no participará en la negociación de ninguna de las cuentas impulsadas por el PSOE mientras no se evidencien avances concretos en el pacto de financiación singular. Ante la inacción de los socialistas, Esquerra presentará esta semana una proposición no de ley que permita a las comunidades de régimen común gestionar el IRPF, como primer paso hacia la creación de una Hacienda propia en Cataluña. El futuro de esta iniciativa, que no ha sido consensuada con el Ejecutivo, condiciona la posibilidad de una nueva prórroga de los presupuestos de 2023, aún vigentes a nivel estatal y autonómico.
«El proceso presupuestario no se abrirá mientras no haya avances en el modelo de financiación y en la capacidad de recaudación fiscal», advirtió ayer el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien defendió que la propuesta registrada en el Congreso permitiría a Cataluña pasar de recaudar 5.000 millones al año a ingresar unos 30.000 millones en concepto de IRPF. Con esta estrategia, Esquerra aumenta la presión para conseguir una Hacienda propia. La dirección del partido recalcó que su propuesta se ajusta al acuerdo bilateral alcanzado en julio entre el Gobierno y la Generalitat. Sin embargo, lo previsto era que la reforma legal se elaborara de forma consensuada durante el verano, pero la falta de entendimiento llevó a ERC a actuar por su cuenta.
El gran punto de fricción está en que Esquerra reclama la cesión total del IRPF como primer paso hacia la transferencia completa de la gestión tributaria, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende un sistema de «colaboración en red» de las agencias tributarias autonómicas bajo la supervisión estatal. Por ello, ERC ha intensificado sus críticas contra Montero, a la que acusan de priorizar su proyección electoral en Andalucía antes que el cumplimiento del pacto. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, trató de restar importancia al pulso: «Revisaremos la proposición de ley y, llegado el momento, veremos si sale adelante o no. En cualquier caso, el PSOE siempre cumple sus acuerdos».
El mensaje de Esquerra, no obstante, no se dirige únicamente al PSOE y al PSC, sino también al resto de aliados parlamentarios que hicieron posible la continuidad de Pedro Sánchez, con especial referencia a Junts. Gabriel Rufián acusó a la formación de Puigdemont de haberse desmarcado del Ejecutivo en el último año y de votar junto a PP y Vox. Junqueras apeló directamente a Junts para que apoye la iniciativa «en beneficio del interés general de los catalanes».
Desde Junts, sin embargo, insisten en que su propuesta pasa por un «concierto económico» similar al vasco, que les otorgue la «llave de la caja» mediante un cupo. Su portavoz, Josep Rius, se limitó a señalar que observarán con atención cómo evoluciona la tramitación de la propuesta de ERC y sus posibles enmiendas antes de fijar su posición definitiva. ERC también buscará apoyo en otros partidos nacionalistas, independentistas y federalistas como EH Bildu, PNV o BNG, que ya han expresado simpatía hacia la idea de una Hacienda propia. En cambio, no hay consenso en Compromís, donde uno de sus diputados ya ha anunciado que votará en contra.
El reto parlamentario es elevado: la cesión del IRPF exige modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que requiere mayoría absoluta, además de otras dos normas -la ley 22/2009 de financiación y la de cesión de tributos-, que pueden aprobarse con mayoría simple. De ahí que Rufián insista en que esa mayoría absoluta es posible si Junts deja de alinearse con PP y Vox. Junqueras, por su parte, defendió que la propuesta tiene un carácter «abierto e integrador», y que podría aplicarse a todas las comunidades de régimen común que así lo deseen.
«Lo que necesitamos no es un calendario, sino la habilitación legal para recaudar impuestos», recalcó Junqueras, asegurando que la clave es la voluntad política y no la técnica. En definitiva, ERC ha puesto condiciones muy claras: sus siete diputados no se sentarán a negociar los presupuestos de 2026 -los primeros de la legislatura- si no hay avances en materia de financiación. Un pulso que puede ser decisivo para el Gobierno, aunque Pedro Sánchez ya ha rebajado expectativas al afirmar que, si no hay acuerdo, se volverán a prorrogar las cuentas de 2023.
(Expansión, 09-09-2025)
