La agenda laboral del Gobierno afronta esta semana su primera gran prueba con la votación en el Congreso, el miércoles, de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley que plantea reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, presentadas por PP, Vox y Junts.
Otro de los frentes abiertos es el Estatuto del Becario, que al igual que la reducción de jornada fue pactado únicamente entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y cuya tramitación ha quedado bloqueada. El texto impulsado por el departamento de Yolanda Díaz regula las prácticas formativas, fija un máximo de 480 horas, establece la compensación obligatoria de gastos y limita al 20% la presencia de becarios en una empresa.
Aunque el acuerdo con CCOO y UGT se cerró en junio de 2023, el rechazo del propio PSOE dentro del Ejecutivo dejó el proyecto en vía muerta. Trabajo intentó reactivarlo a comienzos de 2025 con un anteproyecto sometido a consulta pública, pendiente aún de aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros. La ministra logró que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos lo revisara, pero no que llegara al Consejo de Ministros antes del verano. Una vez allí, el texto tendría que superar la tramitación parlamentaria, donde necesitaría apoyos complicados como los de PNV, ERC o EH Bildu, que ya han mostrado críticas.
A la oposición de estos grupos se suma el rechazo de la patronal y, sobre todo, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), uno de los actores más contrarios al Estatuto. Lo único aprobado hasta ahora es la cotización obligatoria a la Seguridad Social de los becarios, vigente desde enero de 2024, incluso cuando no perciban remuneración.
Trabajo tiene también en su agenda la negociación de una nueva subida del salario mínimo, actualmente en 1.184 euros en 14 pagas. Tras un incremento acumulado del 61% desde 2018, el Ministerio plantea vincular legalmente su revalorización automática para que se sitúe en torno al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio bruto, en línea con la directiva europea. El objetivo es incluir esta fórmula en el Estatuto de los Trabajadores, evitando que los convenios absorban estas mejoras y asegurando su aplicación retroactiva.
Mientras los sindicatos han recibido positivamente esta propuesta, la patronal la rechaza por completo. Si no hubiera consenso, el Gobierno tendría dos caminos: intentar aprobar la medida en el Parlamento -con el riesgo de que no prospere- o volver a fijar el aumento del SMI por decreto para 2026, tras escuchar a los agentes sociales.
Otro punto clave es la negociación con empresarios, sindicatos y autónomos, convocada para el 15 de septiembre, con el fin de definir los tramos de cotización de este colectivo entre 2026 y 2028, en el marco de la segunda fase del sistema basado en ingresos reales. Las posiciones de las asociaciones de autónomos son muy distantes, y ATA, la principal de ellas integrada en CEOE, incluso ha rechazado participar si antes no se resuelven problemas pendientes del primer proceso de regularización de cuotas. Estas nuevas tablas deben aprobarse vía real decreto o como proyecto de ley, lo que exigirá mayoría parlamentaria. Si no hubiera acuerdo, el Ejecutivo podría prorrogar los tramos actuales.
Por último, también permanece bloqueada en el Congreso la norma que busca implantar la jubilación parcial anticipada para funcionarios y la posibilidad de prolongar su vida laboral hasta los 72 años. En general, la mayoría de estas iniciativas cuentan con el apoyo sindical, mientras que la patronal las rechaza por considerar que restringen la flexibilidad de las empresas y afectan negativamente a la productividad, competitividad y crecimiento, sobre todo en las pymes, ya tensionadas por la coyuntura internacional y los aranceles impulsados por Donald Trump.
(El País, 09-09-2025)
