La última reforma del sistema de pensiones, aprobada en dos etapas entre 2021 y 2023, está lejos de haber garantizado su equilibrio financiero a largo plazo. De hecho, la realidad apunta en sentido contrario: todos los organismos que han analizado los datos -especialmente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)- prevén un déficit creciente, impulsado por el aumento del gasto derivado de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la ausencia total de medidas compensatorias que contengan el gasto.
En esta línea, las proyecciones más recientes de Fedea estiman que la brecha contributiva -la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en prestaciones contributivas- alcanzará los 8,2 puntos del PIB en 2050, lo que equivale a unos 127.000 millones de euros de déficit para mediados de siglo.
Según el análisis del impacto de las medidas adoptadas con la reforma, que en teoría buscaban reforzar los ingresos para afrontar el mayor gasto, el resultado ha sido un incremento sustancial del gasto en pensiones, que superará el 18% del PIB hacia 2050. La principal causa de este aumento es la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad, sustituidos por la indexación directa de las pensiones al IPC, responsables por sí solos de 3,77 puntos del PIB del déficit contributivo previsto para mediados de siglo.
Paradójicamente, algunas medidas destinadas a aumentar los ingresos también contribuyen a agravar el desequilibrio financiero del sistema. Es el caso de los incentivos a la jubilación demorada y de los nuevos coeficientes reductores para la jubilación anticipada, que añadirán una décima al déficit contributivo. Del mismo modo, los cambios en las pensiones máximas y mínimas incrementarán el desfase entre ingresos y gastos en 0,84 puntos del PIB.
El informe, elaborado por los investigadores Miguel Ángel García Díaz, Ángel de la Fuente y Alfonso R. Sánchez Martín, advierte de que la reforma eleva considerablemente la cuantía de las pensiones futuras, generando un déficit muy elevado en el sistema público. «El efecto sobre el bienestar es claramente positivo para las generaciones ya jubiladas o próximas a jubilarse, que disfrutan de pensiones más altas y solo afrontan mayores impuestos durante un periodo limitado, pero es negativo para las generaciones más jóvenes», explican los autores. Las cohortes más perjudicadas serán aquellas que trabajen durante el periodo en que se jubile la generación del baby boom.
En concreto, las personas nacidas a partir de 1992 saldrán perdiendo con la reforma, sin importar su nivel de ingresos. Para quienes nacieron en torno a 2020, la pérdida de bienestar será equivalente a una reducción de entre el 5% y el 10% de su consumo anual durante toda su vida.
«La reciente reforma del sistema de pensiones debería revisarse con urgencia», alertan los expertos de Fedea, recordando que uno de los objetivos centrales fijados por la Unión Europea es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, advierten, el efecto real de la reforma ha sido el opuesto: agravar los problemas de sostenibilidad al elevar significativamente el gasto sin incorporar medidas compensatorias adecuadas. Esta situación provocará un aumento notable del déficit estructural del sistema contributivo de pensiones -antes de transferencias del Estado-, ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas públicas.
De hecho, la AIReF calcula que, para 2050, será necesario destinar 86.000 millones de euros anuales procedentes de la recaudación general para equilibrar la Seguridad Social. Por ello, Fedea insiste en que «las pensiones actuales son más altas de lo que permiten nuestros niveles salariales y las cotizaciones vigentes». Para restablecer el equilibrio, Fedea propone una combinación de ajustes en ingresos y gastos, que necesariamente debe incluir una reducción de la tasa de sustitución (la proporción entre la pensión y el salario medio). Ello implicaría aplicar medidas de contención que afecten tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, modificando no solo el cálculo de las pensiones iniciales, sino también su revalorización.
Entre las opciones planteadas figuran la ampliación progresiva del periodo de cómputo a toda la vida laboral (sin posibilidad de excluir años), el endurecimiento de los parámetros de acceso a la pensión, la recuperación del factor de sostenibilidad y el establecimiento de un vínculo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida, una vez alcanzados los 67 años. En cuanto a la actualización anual, Fedea sugiere limitar la protección total frente a la inflación únicamente a las pensiones mínimas.
(Expansión, 07-10-2025)
