La propuesta para perdonar parte de la deuda de las comunidades autónomas vuelve al centro del debate tras varias semanas de silencio. El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles un documento en el que somete a consulta pública previa el borrador del anteproyecto de ley que regulará dicha medida. El objetivo es recabar las opiniones de los colectivos y entidades potencialmente afectados por la futura normativa, la cual se describe como una iniciativa «excepcional, puntual y no repetible». Esta condonación parcial de deuda, pactada entre el PSOE y ERC y ofrecida a todas las comunidades de régimen común, deberá ser aprobada posteriormente por el Congreso, donde el resultado de la votación se prevé complicado debido a la actual distribución de escaños.
El texto establece que las aportaciones podrán realizarse entre el 15 y el 30 de mayo, con espacio habilitado tanto para comentarios como para adjuntar documentación. También expone las motivaciones del Ejecutivo para impulsar esta iniciativa, así como los problemas que se busca solucionar mediante la nueva ley. Este procedimiento de consulta previa es común en el proceso legislativo, a diferencia de la encuesta lanzada recientemente por el Ministerio de Economía sobre la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, que se trata de una operación privada y no de una norma legal.
La cantidad de deuda que Hacienda plantea perdonar asciende a más de 83.000 millones de euros, lo que equivale a alrededor del 25% del total del endeudamiento de las comunidades autónomas, excluyendo a Navarra y el País Vasco, que cuentan con un sistema de financiación distinto y no se incluyen en esta propuesta. Esta deuda sería asumida por el Estado.
En el documento se señala que la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda soberana generaron un alto nivel de endeudamiento en las comunidades. Aunque actualmente la situación varía mucho según el territorio, se plantea esta medida como una vía para reducir el coste en intereses y facilitar el regreso progresivo de las autonomías a los mercados financieros. Muchas de ellas siguen dependiendo de los mecanismos extraordinarios de liquidez creados en 2012 para apoyar a las regiones con dificultades de acceso al crédito. Cataluña ha sido la comunidad que más ha recurrido a estas herramientas.
Hacienda defiende que esta condonación de deuda servirá para reforzar la autonomía financiera de las regiones y mejorar su sostenibilidad fiscal, en línea con el nuevo marco normativo de disciplina presupuestaria aprobado por la Unión Europea. Asimismo, destaca que el retorno a los mercados supone también un estímulo para que las comunidades actúen con mayor responsabilidad fiscal, al estar sujetas a las exigencias del mercado en la gestión de sus finanzas.
La medida, recuerda el Ministerio, se aplicará de forma voluntaria: serán las propias comunidades quienes deberán aceptar las condiciones que establezca la futura ley. Este punto no es menor, ya que una amplia mayoría de gobiernos autonómicos, dirigidos por el Partido Popular en 11 de las 17 comunidades, han rechazado la propuesta y reclaman en su lugar una reforma integral del sistema de financiación autonómica, que lleva una década pendiente de actualización.
La propuesta fue revelada el 24 de febrero por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien detalló que a Cataluña le corresponderían unos 17.000 millones de euros en esta condonación, siendo la segunda región más beneficiada después de Andalucía. Pocas horas después, la ministra María Jesús Montero ofreció una rueda de prensa para explicar el plan, que dos días después fue trasladado a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), foro en el que Gobierno central y comunidades discuten sobre cuestiones fiscales.
El hecho de haber informado a las comunidades tras el anuncio público del pacto, sumado al rechazo frontal de varios presidentes autonómicos y partidos políticos, provocó una escena insólita: todos los consejeros autonómicos del PP abandonaron la reunión poco después de su inicio en señal de protesta. Aun así, la propuesta salió adelante, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos del CPFF.
Tras esta reunión, Hacienda ha iniciado rondas de contactos bilaterales con las distintas comunidades, mientras la norma se prepara para iniciar su tramitación parlamentaria. Será necesaria su aprobación como ley orgánica, ya que implica modificar varios aspectos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como se señala en el documento de consulta.
(El País, 16-05-2025)
