El Instituto Nacional de Administración Pública, vinculado al Ministerio de Hacienda, ha aprobado la asignación de becas para la primera promoción de 100 opositores que buscan empleos públicos en la Administración General del Estado (AGE). Estas becas, dotadas con 7,000 euros cada una, fueron publicadas en una resolución el pasado 4 de diciembre. Este año, el Gobierno ha aprobado la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, con 39,574 plazas, cuyas convocatorias deben publicarse antes del 31 de diciembre.
La finalidad de estas becas, según el Ministerio de Hacienda, es cubrir los gastos derivados de la preparación de las pruebas de ingreso por el turno libre en los Cuerpos de la Administración General del Estado y en la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional del Subgrupo A1 adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el INAP. Esta iniciativa sigue a un programa similar lanzado por el Ministerio de Justicia en 2022 para la preparación de oposiciones en el ámbito judicial y fiscal.
El objetivo declarado del Gobierno es promover la igualdad de condiciones entre los opositores, eliminando obstáculos económicos que podrían impedir el acceso a la preparación de estos procesos selectivos. Se llevó a cabo un estudio de datos socioeconómicos de aproximadamente 800 solicitantes, y se estableció una baremación de acuerdo con los requisitos y puntuaciones establecidos en la convocatoria de las becas.
Las cien becas, cada una dotada con 7,000 euros, se abonarán en un pago único a los opositores beneficiarios en las próximas semanas. La distribución final incluye 43 becas para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, 13 para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, y 44 para la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
El seguimiento y control de estas becas se realizará de manera periódica, donde los beneficiarios deberán justificar el uso adecuado del importe mediante la presentación de una memoria justificativa, certificados de preparación y las correspondientes facturas. Además, se destaca que más del 70% de los beneficiarios tienen menos de 31 años, contribuyendo así a atraer talento joven al ámbito público y abordar el envejecimiento de las plantillas en la administración estatal. Según datos de la OCDE, en España, el 46% de los empleados públicos estatales tienen 55 años o más, lo que supera la media de los países de la OCDE, donde solo el 26% de los empleados públicos supera los 55 años. Se establece un plazo del 5 al 20 de diciembre para la presentación de renuncias a estas becas, de lo contrario, se entenderá que han sido aceptadas.
(El País, 07-12-2023)
