En los últimos meses, Hacienda ha reforzado la vigilancia fiscal y las actuaciones de regularización sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), una figura societaria poco conocida por la mayoría pero habitual en ámbitos como la investigación, el sector audiovisual o los espectáculos culturales. El aumento de inspecciones responde al uso creciente de estructuras que emplean estas entidades para transferir créditos fiscales ―pérdidas compensables en el impuesto sobre sociedades― a empresas e inversores de manera irregular, inflando gastos y generando deducciones desproporcionadas.
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, publicado en marzo, ya advertía de que la supervisión de estas prácticas sería prioritaria. Ante el repunte de irregularidades, la Agencia Tributaria ha intensificado ahora sus actuaciones.
Las AIE surgieron como un mecanismo de cooperación empresarial para impulsar actividades específicas mediante incentivos fiscales, especialmente en proyectos de I+D+i, producciones cinematográficas o artes escénicas. Sin embargo, los beneficios fiscales previstos suelen tardar años en materializarse, de modo que muchas entidades no llegan a aprovecharlos directamente.
Esa limitación ha propiciado que el uso real de muchas AIE haya derivado hacia un modelo muy distinto: convertirse en vehículos que «traspasan» créditos fiscales desde empresas que los generan pero no pueden aplicarlos, hacia otras con capacidad de absorberlos, a cambio de un pago. En la práctica, los inversores aportan fondos al proyecto y, posteriormente, reciben la parte proporcional de beneficios fiscales, que usan para reducir sus impuestos.
Este mecanismo es legal. El problema aparece cuando se falsean los costes para simular que un proyecto es más caro de lo que es, con el fin de generar deducciones mayores. Las AIE reparten entonces créditos fiscales inflados entre los inversores, quienes los monetizan en su propia declaración tributaria. La Agencia Tributaria ha observado un crecimiento acelerado de estas agrupaciones. Aunque muchas operan conforme a la ley, también se detecta «un uso abusivo del esquema», impulsado en parte por la competencia entre intermediarios que buscan ofrecer mayores rendimientos a sus clientes.
El fraude afecta directamente a las arcas públicas, ya que los incentivos fiscales reducen la recaudación. Según la Agencia, se están utilizando recursos públicos para proporcionar «altísimas rentabilidades» a contribuyentes con gran capacidad económica y para generar comisiones millonarias a intermediarios que ni siquiera participan en las actividades incentivadas. Por ello, se han endurecido las regularizaciones para limitar las deducciones solo a las realmente justificadas, una actuación avalada por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
En algunos casos se han detectado estructuras que multiplican por varias veces -hasta por diez- los créditos fiscales realmente generados, garantizando grandes comisiones para los estructuradores y beneficios extraordinarios para los inversores, que en apenas siete meses pueden recuperar más del 100% de lo aportado. Esta dinámica se logra mediante la simulación de gastos o la incorporación de márgenes desproporcionados sin justificación económica.
Incluso se han encontrado casos, aunque menos habituales, en los que las actividades supuestamente financiadas ni siquiera se han llevado a cabo o no se han realizado a través de la AIE. Además, la Agencia alerta de la existencia de un auténtico «mercado» de AIE creadas por intermediarios especializados -los llamados estructuradores- que buscan proyectos a los que canalizar inversiones, cobrando comisiones por conectar a inversores con investigadores, productoras o promotores culturales.
(El País, 05-12-2025)
