Con el mes de agosto a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Hacienda aún no ha iniciado los pasos necesarios para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que supone un claro desfase respecto al calendario habitual. Este retraso en la maquinaria presupuestaria podría desembocar en la prórroga de los presupuestos por tercer año consecutivo desde 2023. Todavía no se ha publicado la orden ministerial que permite a los distintos ministerios remitir sus previsiones de gasto, no se ha fijado el límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto-, ni se han definido los objetivos de estabilidad ni actualizado el cuadro macroeconómico. Estos elementos son fundamentales para que el Gobierno pueda presentar en septiembre el proyecto ante el Congreso, como exige la Constitución, de modo que pueda ser aprobado antes de final de año. Pero de momento, ninguno de estos trámites ha comenzado.
Durante un acto en Málaga la semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que «en los próximos meses» se iniciará el diálogo con los grupos parlamentarios para acordar las cuentas de 2026. A pesar de su mensaje de «absoluta tranquilidad» y de considerar que «aún hay tiempo», lo cierto es que varios pasos clave siguen pendientes y el margen se reduce.
El proceso presupuestario comienza con la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, que el Consejo de Ministros debe aprobar tras recibir los informes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local. Aunque la Ley de Estabilidad no marca una fecha concreta, sí establece que este trámite debe realizarse dentro del primer semestre del año, lo cual ya no se ha cumplido. Sin esta aprobación, no se puede avanzar con el techo de gasto, que es la base para armar el presupuesto. Otro paso pendiente es la publicación del cuadro macroeconómico, que recoge previsiones sobre el crecimiento económico y marca la tasa de referencia para la regla de gasto. Este documento técnico es esencial para garantizar que el aumento del gasto se ajusta al compromiso fiscal asumido.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su informe más reciente, alerta también sobre esta situación. Advierte que el CPFF no ha sido convocado, algo que tradicionalmente se hacía en julio, lo que obstaculiza el desarrollo del marco presupuestario. Igualmente, no se ha publicado aún la orden ministerial que permite a los distintos departamentos presentar sus propuestas de ingresos y gastos, un trámite que el año pasado se realizó en junio.
La falta de avance hace cada vez más improbable que el Consejo de Ministros pueda aprobar el proyecto y enviarlo al Congreso en septiembre, como exige el calendario parlamentario, para que las cuentas puedan entrar en vigor el 1 de enero. Este nuevo retraso se produce en un contexto de repetidas prórrogas presupuestarias: el Gobierno no presentó proyecto alguno para 2024 y tampoco lo ha hecho para 2025. La elaboración de unos nuevos presupuestos sigue en el aire, en una legislatura ya avanzada sin haber aprobado ninguna ley presupuestaria.
La AIReF remarca el estancamiento en los primeros pasos del proceso y enumera los principales elementos aún pendientes: la orden ministerial de inicio, la propuesta de objetivos de estabilidad, el techo de gasto, el cuadro macro y la convocatoria del CPFF. «En un ciclo presupuestario ordinario, todo esto ya se habría materializado», señala el organismo.
Esta situación ha motivado presión por parte de varios aliados del Ejecutivo. Aitor Esteban, portavoz del PNV, urgió al presidente Pedro Sánchez a reconstituir la mayoría parlamentaria de la investidura a través de los presupuestos. En una entrevista en la Cadena SER, alertó de que el Gobierno está «bloqueado» ante la imposibilidad de presentar unas nuevas cuentas. Desde Sumar, socio en el Ejecutivo, recuerdan que presentar los presupuestos es una obligación constitucional -artículo 134- y se muestran dispuestos a negociarlos siempre que se protejan las partidas sociales. Desde Podemos insisten en su rechazo al aumento del gasto militar, pero también consideran fundamental impulsar nuevas cuentas públicas.
Los presupuestos son la ley más importante que aprueba un gobierno cada año, ya que plasman sus prioridades, inversiones y compromisos con los socios parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de apoyos, algunos ejecutivos optan por no presentarlos, para evitar un posible rechazo parlamentario. De hecho, en la historia democrática, un rechazo presupuestario ha llevado a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones. Una prórroga presupuestaria permite al Gobierno mantener su funcionamiento ordinario, incluyendo los gastos previstos en planes plurianuales. Pero sin nuevos presupuestos no puede lanzar nuevas inversiones, actualizar impuestos ni ampliar plantillas en la administración, lo que limita su capacidad de acción política.
(El País, 25-07-2025)
