El Ministerio de Hacienda ha despejado el camino para una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% en 2026 al mostrarse dispuesto a ampliar la deducción fiscal aplicable a quienes lo perciben. Esta exención impositiva inclinaría al Ministerio de Trabajo a apostar por elevar el SMI hasta los 17.094 euros anuales netos, frente a la alternativa de un incremento del 4,7%, hasta los 17.360 euros, que el comité de expertos planteó como opción sujeta a tributación. Con este telón de fondo, el Gobierno reunió este martes a sindicatos y patronal para conocer su postura antes de concretar una subida que previsiblemente contará con el respaldo sindical y la oposición de las organizaciones empresariales.
La fiscalidad del salario mínimo ya fue motivo de enfrentamiento hace un año entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defensora de empezar a gravarlo para preservar la recaudación del IRPF, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apostó por mantenerlo exento. El desenlace fue un acuerdo intermedio: el SMI comenzó a soportar retenciones, aunque los trabajadores pueden recuperar esas cantidades mediante una deducción al presentar la declaración de la Renta.
En esta ocasión, Hacienda ha optado por evitar un nuevo choque y ha accedido a ampliar la deducción, que pasaría de 340 a 600 euros, según fuentes oficiales. Esta medida permitiría que un salario mínimo de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, resultado de una subida del 3,1%, siga sin tributar, situándose en la parte baja del abanico de incrementos que maneja el departamento de Trabajo.
Para hacer efectiva esta ampliación, será necesario aprobar un Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros. No obstante, bastará con que la norma vea la luz a lo largo de 2026, ya que la exención se aplicará en las declaraciones de la Renta que se presentarán en la primavera de 2027.
Con esta revalorización del 3,1%, se cumpliría, según los cálculos del comité de expertos, el criterio de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto, estimado en 26.297 euros anuales para 2025. Sin embargo, esta conclusión fue cuestionada por CEOE y Cepyme durante la reunión tripartita celebrada este martes. Las organizaciones empresariales consideran que la metodología utilizada está desactualizada, al basarse en la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y excluir del análisis a sectores especialmente afectados por el SMI, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el empleo doméstico.
De la primera reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal tras conocerse la recomendación del comité de expertos se desprende, además, que el Ejecutivo optará por dividir en dos normas el decreto del salario mínimo. El borrador inicial incluía tanto la subida para 2026 como la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, que impedirá a las empresas neutralizar el aumento del SMI mediante complementos salariales.
Aunque UGT y CCOO exigen que la prohibición de la absorción se incorpore al acuerdo de revalorización, tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo son conscientes de que unir ambas cuestiones en un solo texto podría retrasar la entrada en vigor del nuevo salario mínimo. La regulación de la absorción, junto con la incorporación del observatorio de márgenes empresariales a la negociación colectiva, requiere el dictamen del Consejo de Estado. Además, la CEOE sostiene que estos cambios deberían aprobarse mediante Real Decreto-ley, al implicar una modificación relevante del Estatuto de los Trabajadores, y anticipa un posible conflicto judicial si el Gobierno opta por una vía reglamentaria.
Por ahora, la primera reunión tripartita se cerró sin una propuesta concreta por parte de Trabajo, que busca medir las posibilidades de acuerdo dentro de la horquilla planteada y a la espera de que el Gobierno fije una posición definitiva sobre la tributación del SMI.
En cuanto a las opciones de consenso en la mesa de diálogo social, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, afirmó tras el encuentro que «desde hace tiempo la patronal está centrada en cuestiones ajenas a la negociación» y que «no existe voluntad real de alcanzar un acuerdo». Tanto Luján como el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, insistieron en que, pese a la división en dos decretos -uno para la subida y otro para prohibir la absorción vía complementos-, exigirán que ambos avances se tramiten de forma paralela dentro de un acuerdo marco, pese al rechazo frontal de la CEOE.
(Expansión, 17-12-2025)
