El Gobierno ha intensificado las gestiones para ajustar los Presupuestos de 2023, todavía en vigor, a las necesidades de 2025. Para compensar las limitaciones derivadas de una segunda prórroga consecutiva y de una base parlamentaria cada vez más reducida, el Ejecutivo ha recurrido con mucha más frecuencia a ampliaciones de crédito y a movimientos de fondos entre ministerios. Hasta el cierre del tercer trimestre, Hacienda ha impulsado cambios presupuestarios por 45.000 millones de euros, un 75% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando también seguían prorrogadas las cuentas de 2023.
Entre enero y septiembre de 2025, se han aprobado modificaciones por 44.887 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado. El conjunto incluye 16.500 millones en ampliaciones de crédito, 8.300 en suplementos, 4.975 millones de fondos extraordinarios, 9.900 procedentes de remanentes, 14.500 millones de ingresos adicionales incorporados y la anulación de 9.300 millones en partidas, además de 32.400 millones en transferencias entre departamentos, entre otras operaciones. Todo ello refleja la intensa actividad administrativa a la que se ha visto obligado el Gobierno al no haber presentado ni aprobado unos nuevos Presupuestos en toda la legislatura. Las necesidades se han incrementado a medida que se debilitaban los apoyos parlamentarios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. Las modificaciones aprobadas en los nueve primeros meses de 2025 superan en 20.000 millones a las del mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron los 25.800 millones.
El fuerte aumento de las modificaciones se debe en buena medida al plan del Ejecutivo para acelerar el gasto en Defensa hasta llegar al 2% del PIB. Although en un principio Sánchez situó ese objetivo en 2029, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos elevó la presión para cumplirlo antes de la Cumbre de La Haya de junio, en la que además se exigió a los aliados elevar el gasto militar al 5% en 2035. Sin nuevos Presupuestos que respaldasen este incremento y con la oposición de sus socios de izquierda a elevar la partida de Defensa, la parte socialista del Gobierno diseñó una fórmula que evitaba pasar por el Parlamento. Así, los 10.471 millones adicionales destinados a fines militares procedieron en gran parte de reasignaciones dentro del Presupuesto de 2023, como los 1.744 millones del fondo para compensar a las administraciones territoriales por la caída de ingresos durante la pandemia o 1.680 millones originalmente asignados a Industria. También se utilizó el Fondo de Contingencia, al que se imputaron 1.395 millones correspondientes a salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas. De esta manera, una parte importante de los 5.910 millones en cambios aplicados a las inversiones reales terminó destinada a cubrir gasto militar.
Otro eje destacado en los cambios presupuestarios son las transferencias a la Seguridad Social, que rondan los 7.000 millones. Conviene recordar que, solo en los tres primeros meses del año, el Estado ha aportado más de 40.000 millones para hacer frente al aumento del gasto en pensiones, 5.500 millones más que en el mismo periodo de 2024. Además, el Ejecutivo ha aprobado ampliaciones de crédito superiores a 4.500 millones para atender el coste de la deuda pública, cuyo volumen continúa aumentando y alcanzó los 1,69 billones de euros al finalizar el segundo trimestre, 65.000 millones más que un año antes, aunque su peso relativo en el PIB se haya reducido al 103%.
El ritmo de modificaciones registrado hasta septiembre de 2025 prácticamente iguala el total de 2024, cuando llegaron a 52.300 millones. A falta de lo que ocurra en los últimos meses del año, la reciente ruptura de Junts con Sánchez -advirtiendo que no apoyará más votaciones- complica todavía más la capacidad del Gobierno para sacar adelante nuevas leyes, lo que previsiblemente obligará a incrementar el recurso a las modificaciones presupuestarias, que podrían superar el volumen del año pasado. A todo ello se suma que la elaboración de unos Presupuestos para 2026 se presenta cada vez más difícil. El Gobierno ni siquiera ha registrado el proyecto, pese a que el plazo constitucional para remitirlo al Parlamento expiró a finales de septiembre.
(Expansión, 11-11-2025)
