A finales del pasado año, la inteligencia artificial (IA) ya había provocado que una empresa española viera reducida su actividad y registrara pérdidas económicas demostrables. Ante la caída de las ventas, el despido de una traductora se consideró procedente por causas objetivas, según resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin dejar margen a interpretaciones contrarias. Este caso abrió un debate sobre el impacto progresivo de la IA en el ámbito laboral.
El contexto actual refleja una situación compleja en el mercado de trabajo. La intensa actividad judicial en materia laboral, unida a decisiones empresariales influenciadas por la tecnología, está generando un escenario inestable. Así lo señala Antonio Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo, quien describe el momento como «especialmente convulso», debido a los continuos cambios normativos y resoluciones judiciales que obligan a replantear conductas tanto de empresas como de trabajadores.
Por un lado, la sustitución de tareas humanas por sistemas automatizados plantea dudas sobre si constituye una causa válida de despido. Por otro, el incremento del control empresarial, especialmente cuando es invasivo, amenaza con sobrepasar los límites legales. Según Sempere, esta situación está transformando también el asesoramiento jurídico, especialmente en cuestiones relacionadas con posibles sesgos en la contratación, asignación de tareas, promociones o despidos basados en algoritmos o sistemas de IA.
Ante este escenario, los profesionales del derecho laboral han tenido que adaptarse rápidamente. Fernando Ruiz de Linaza, socio del área laboral de Deloitte Legal, explica que el asesoramiento se articula en dos niveles: primero, verificar que los algoritmos o sistemas de IA cumplen con la normativa española y europea; y segundo, comprobar que su uso ha sido debidamente comunicado a los representantes de los trabajadores. Entre los principales riesgos en la gestión de personal, Ruiz destaca el uso de datos biométricos y herramientas de geolocalización, subrayando la necesidad de extremar la cautela para no vulnerar la legislación laboral y de protección de datos.
En la misma línea, David Martínez, socio de KPMG Abogados, insiste en la relevancia de estos aspectos y menciona el Reglamento europeo de inteligencia artificial, que considera de alto riesgo los sistemas automatizados de control horario. Según explica, el uso de datos biométricos exige un análisis riguroso de necesidad y proporcionalidad, mientras que una geolocalización excesiva puede afectar a derechos fundamentales. Además, recalca la importancia de documentar riesgos, medidas de mitigación y revisiones periódicas para garantizar la trazabilidad y la auditoría del sistema.
Entre las recomendaciones más inmediatas destaca evitar prácticas que puedan encajar en las categorías prohibidas por la normativa europea. En el ámbito del control horario, por ejemplo, se deben evitar sistemas que generen perfiles basados en datos sensibles o inferencias injustificadas, así como decisiones automatizadas de selección o despido sin una supervisión humana significativa o una monitorización continua sin evaluación de impacto. Por ello, se considera fundamental implantar protocolos de gobernanza de la IA adaptados a cada organización, que aseguren el cumplimiento normativo.
Estos temas serán abordados en el Congreso Laboral de Lefebvre por expertos como Antonio Sempere, David Martínez Saldaña y Fernando Ruiz, junto a otros profesionales del ámbito jurídico y académico. Además, se debatirán cuestiones como los retrasos judiciales, el absentismo, la conciliación, los despidos, la negociación colectiva o la salud laboral, así como la posible existencia de vacíos legales.
Tanto Ruiz como Martínez señalan la existencia de zonas grises que deberán ser interpretadas por los tribunales y por la Agencia Española de Protección de Datos, pese a que ya existe un marco normativo claro sobre los usos prohibidos de la IA. La ausencia de regulación específica en muchos convenios colectivos obliga a adoptar enfoques prudentes, bien documentados y sujetos a control interno.
No obstante, Sempere descarta que exista un vacío legal, al considerar que el ordenamiento jurídico actual -incluyendo normas europeas, el Estatuto de los Trabajadores y los derechos fundamentales- ofrece herramientas suficientes para abordar estos nuevos retos, aunque reconoce la necesidad de concretar ciertos aspectos. También subraya la importancia de seguir de cerca la evolución de la jurisprudencia a nivel nacional y europeo.
Por su parte, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, destaca que la incorporación de la IA en las empresas es un proceso inevitable para mantener la competitividad. A su juicio, la seguridad jurídica debe apoyarse no solo en la regulación, sino también en la negociación colectiva, como espacio clave para adaptar estas tecnologías a las particularidades de cada sector.
El principal desafío, concluye, es lograr un equilibrio entre el aumento de la productividad y el respeto a los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta aspectos como la desconexión digital o la transparencia algorítmica. En este sentido, apuesta por una implantación de la IA basada en el diálogo entre las partes y en el refuerzo de la negociación colectiva para definir límites y necesidades de forma consensuada.
(Expansión, 07-04-2026)
