Los asesores fiscales critican la intensa actividad normativa de las comunidades autónomas y la falta de seguridad jurídica con la que, a su juicio, legisla el Gobierno central en materia tributaria. El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taína, advirtió que los continuos cambios en los impuestos cedidos por parte de las autonomías generan desigualdades entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Según explicó, en el último año se han producido más de mil modificaciones fiscales, lo que ha ampliado las diferencias en la carga tributaria entre territorios. Por ejemplo, recibir una donación puede implicar pagar hasta 200.000 euros más en una comunidad que en otra, mientras que en el caso de las herencias la diferencia puede alcanzar los 100.000 euros.
Esta gran disparidad, reflejada en el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, ha llevado tanto al Consejo General de Economistas como al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) a pedir una revisión profunda del sistema de financiación autonómica.
Los expertos del REAF han identificado más de 1.100 cambios normativos este año, lo que evidencia un uso intensivo de la legislación fiscal por parte de las comunidades. Esto complica notablemente que los ciudadanos conozcan y apliquen correctamente las normas tributarias. Así, un contribuyente soltero de 30 años que herede 800.000 euros puede pagar más de 103.000 euros en Asturias, mientras que en Andalucía, Baleares, Cantabria o Galicia no abonaría nada. En el caso de una donación por el mismo importe, el coste sería superior a 200.000 euros en Extremadura, frente a cero en Baleares o Cantabria.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, la diferencia radica principalmente en si se paga a la comunidad autónoma -en todas salvo Extremadura- o si se aplica el impuesto estatal a las grandes fortunas. No obstante, desde el REAF señalan que muchas de las rebajas fiscales aprobadas por las autonomías tienen un impacto limitado en la recaudación, ya que suelen beneficiar a contribuyentes con situaciones muy concretas y, por lo general, con rentas bajas. De hecho, los ingresos fiscales de las comunidades están creciendo más rápido que los del Estado, con incrementos del 16,5% frente al 10% de la Administración central.
A esta situación se añade, según los expertos, la inseguridad jurídica derivada del uso frecuente del real decreto-ley por parte del Gobierno para regular en materia fiscal. El presidente del REAF, Agustín Fernández, considera que esta práctica genera incertidumbre y dificulta la planificación económica tanto de empresas como de ciudadanos. Además, critica que normas no aprobadas por el Parlamento acaben aplicándose mediante interpretaciones de la Agencia Tributaria, como ha ocurrido con el régimen de estimación objetiva para autónomos.
Por último, destacan el aumento de la conflictividad jurídica en el ámbito tributario, tanto a nivel estatal -con el Impuesto sobre el Patrimonio recurrido ante el Tribunal Constitucional- como autonómico -especialmente en lo relativo a la empresa familiar- y local, donde se cuestiona la legalidad de la nueva tasa de basuras.
(Expansión, 08-04-2026)
