La energía eólica consolida su liderazgo como la principal tecnología del sistema eléctrico al cerrar 2024 con una producción de 59.378 GWh, lo que le permitió cubrir el 24% de la demanda nacional. Este resultado se apoya en el aumento de la potencia instalada, que alcanzó los 31.679 MW tras sumar 1.185 MW adicionales, un 4% más que el año anterior y el doble de capacidad incorporada en apenas un ejercicio. Este avance tiene un impacto directo en los consumidores, ya que la mayor presencia de la eólica en el mix energético ha generado un ahorro acumulado de 4.641 millones de euros en la factura eléctrica, según el Estudio Macroeconómico del Sector Eólico elaborado por Deloitte y la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Según destacó Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE, esta evolución refuerza el atractivo de la eólica como inversión, al tratarse de un activo que crece de forma sostenida, genera valor a largo plazo y aporta beneficios económicos, industriales y medioambientales de gran relevancia para el país.
Desde el punto de vista macroeconómico, el sector contribuyó con 3.274 millones de euros a la economía española, lo que equivale al 0,25% del PIB, y mantiene a España como el cuarto mayor exportador mundial de aerogeneradores, solo por detrás de China, Dinamarca y Alemania. Las exportaciones alcanzaron los 1.953 millones de euros.
En el ámbito energético, la eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.829 millones de euros, y permitió reducir las emisiones en 30,8 millones de toneladas de CO₂, aportando de forma decisiva a los objetivos de descarbonización y autonomía energética.
A nivel microeconómico, sin embargo, el sector se enfrenta a importantes obstáculos administrativos. Desde 2018, más de 17.000 MW repartidos en 375 parques eólicos permanecen bloqueados por dificultades para obtener informes medioambientales favorables o para cumplir los hitos regulatorios exigidos.
Márquez señaló que por cada proyecto que logra ponerse en marcha hay cuatro que quedan paralizados, debido a la complejidad de los trámites y a la aplicación de criterios distintos según la administración o incluso entre proyectos similares. Esta situación, advirtió, frena el crecimiento natural de la industria y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Ante este escenario, la AEE solicita al Gobierno que suspenda el cómputo de los plazos regulatorios para aquellos proyectos eólicos maduros que no avanzan por causas ajenas a los promotores, derivadas de retrasos administrativos. Asimismo, la patronal insiste en la necesidad de acelerar los procedimientos, eliminar los cuellos de botella, unificar criterios entre administraciones y aplicar de forma clara el principio de Interés Público Superior a los proyectos eólicos.
Estos objetivos figuran entre los principales retos estratégicos del sector de cara a 2026, junto con el impulso a la electrificación de la demanda, la repotenciación de parques existentes, el refuerzo de la seguridad del sistema eléctrico, el desarrollo de la eólica marina, la mejora de la aceptación social, la lucha contra la desinformación y la creación de un marco regulatorio para la protección de la biodiversidad que sea coherente con la normativa europea.
(La Vanguardia, 17-12-2025)
