El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una simplificación de las obligaciones de reporte sobre sostenibilidad y de los requisitos de diligencia debida para las empresas, reduciendo de forma notable el número de compañías afectadas por la Directiva de información en materia de sostenibilidad (CSRD) y por la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD).
Los eurodiputados consideran que solo las empresas con más de 1.750 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros deberían estar obligadas a presentar informes sociales y medioambientales. Estas entidades también tendrían que ofrecer información conforme a las normas de taxonomía, que clasifican las inversiones sostenibles.
Las compañías de menor tamaño, por su parte, quedarían exentas de las exigencias informativas que normalmente solicitan los grandes grupos. Estos no podrán pedir a sus proveedores pequeños más datos de los previstos en las normas voluntarias.
En cuanto a la diligencia debida, solo se aplicaría a empresas que superen los 5.000 empleados y los 1.500 millones de euros de ingresos. Dichas empresas deberán adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar e identificar los efectos negativos que generan sobre las personas y el medio ambiente. En vez de exigir sistemáticamente información a proveedores pequeños, deberán utilizar la que ya exista y solo requerir datos adicionales en casos excepcionales.
El pleno también apoyó introducir cambios en la Ley del Clima, fijando nuevos objetivos intermedios vinculantes, entre ellos una reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 respecto a los niveles de 1990. Asimismo, respaldó la propuesta de los Estados miembros de retrasar un año, de 2027 a 2028, la entrada en vigor del nuevo sistema de comercio de emisiones ETS2, que abarcará las emisiones de CO₂ generadas por el uso de combustibles en edificios y en el transporte por carretera.
Diversas organizaciones sociales y ONG han criticado estas decisiones. Según Richard Gardiner, director interino de Política de la UE en ShareAction, estas medidas «no solo ponen en peligro el alcance de leyes pioneras como la CSDDD y la CSRD, sino que suponen un revés grave para la agenda de sostenibilidad europea».
Pepe Escrig, investigador senior en política climática de la UE en el think tank E3G, expresó su confianza en que las negociaciones con el Consejo Europeo permitan que los gobiernos «escuchen a las empresas», recordando que «dos tercios de los directivos españoles consideran razonable que las grandes corporaciones estén obligadas a aplicar planes de transición climática».
El Parlamento Europeo también ha pedido a la Comisión Europea que presente una estrategia ambiciosa de igualdad de género para el periodo 2026-2030, con acciones concretas en áreas clave. Los eurodiputados reclaman que la Comisión impulse la incorporación y continuidad de las mujeres en el mercado laboral, y que actúe para reducir las brechas de género en empleo, salarios y pensiones. También solicitan una aplicación rápida de las directivas sobre salarios mínimos adecuados, transparencia salarial y presencia equilibrada de mujeres en los consejos de administración.
(Expansión, 14-11-2025)
