Durante una reciente edición del Observatorio Fiscal EXPANSIÓN, Alberto Bermejo señaló que las interpretaciones que realiza la Administración Tributaria sobre las normas fiscales varían significativamente según la comunidad autónoma, como Madrid, Andalucía, Cataluña o el País Vasco.
Esta falta de uniformidad genera una gran inseguridad jurídica en diversos ámbitos de la fiscalidad empresarial, como el Impuesto sobre Sociedades o el IVA. La complejidad normativa, e incluso su redacción poco clara, provoca que en algunos casos los inspectores acepten ciertos criterios o deducciones que en otros rechazan, sin un criterio uniforme.
Este problema también se refleja en los procedimientos de inspección y entrada en las empresas, hasta el punto de que, en los últimos años, los tribunales han tenido que intervenir con frecuencia -en muchos casos fallando a favor de los contribuyentes- para poner límites a las actuaciones de la Agencia Tributaria durante las comprobaciones fiscales.
Las consecuencias económicas de esta inseguridad jurídica son notorias. Entre 2014 y 2023, la Agencia Tributaria ha tenido que devolver más de 1.000 millones de euros tras perder litigios con empresas, según datos de la AIReF. Esta entidad atribuye la situación al uso excesivo del real decreto-ley para legislar y a la aplicación abusiva de ciertas normas. En muchas ocasiones, los derechos y garantías de los contribuyentes terminan vulnerados.
A esto se suman obstáculos como el enfoque recaudatorio de Hacienda y la creación de nuevos tributos, que suponen un desafío para las empresas a la hora de evitar sanciones elevadas. En un contexto en el que muchas compañías ofrecen sus productos y servicios a través de plataformas digitales como Amazon, Airbnb o Wallapop, el cumplimiento fiscal ya no depende únicamente de ellas.
En muchos casos, son estas plataformas -junto con las entidades financieras- las que deben reportar las operaciones realizadas, lo que representa un riesgo para los negocios, ya que cualquier error en la información proporcionada por terceros podría desencadenar una inspección. Esta amenaza se intensificará con nuevas medidas, como la obligación para los bancos de informar sobre todas las operaciones de Bizum entre empresas, sin importar su importe.
Almudena Medina, socia del área fiscal en Ceca Magán, considera que uno de los principales riesgos fiscales para las empresas es el enfoque recaudatorio que aplica Hacienda en toda clase de inspecciones. Este criterio, explica, no solo incrementa la inseguridad jurídica, sino que también eleva el gasto público debido a la creciente litigiosidad y al pago de intereses de demora cuando el Estado pierde juicios. Aunque muchas veces las empresas ganan en los tribunales, el tiempo y los recursos invertidos son un motivo de gran preocupación.
Otro factor alarmante es el uso excesivo de la vía penal en algunas inspecciones. Esta situación, que muchas veces se resuelve con acuerdos previos al juicio o con sentencias absolutorias, implica elevados costes que solo pueden asumir quienes tienen capacidad económica. Según el abogado fiscalista Pablo G. Vázquez, cualquier inspección que supere los 120.000 euros es automáticamente derivada a la vía penal, sin importar su naturaleza.
La creciente complejidad normativa también queda reflejada en la proliferación de impuestos especiales en los últimos años, que afectan a sectores específicos. Ejemplos de ello son el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables o el tributo sobre líquidos para cigarrillos electrónicos. Además, los requisitos y cantidades exigidas pueden cambiar de un ejercicio a otro, lo que hace muy difícil estar siempre al día, tal como reconocen numerosos asesores fiscales.
En este entorno, las pymes -con menos medios que las grandes empresas- se ven especialmente expuestas a sanciones, como las de hasta 50.000 euros que se contemplan para quienes no cumplan con la futura obligación de enviar sus facturas electrónicas a la Agencia Tributaria, garantizando previamente su inalterabilidad bajo los requisitos de la orden Verifactu, destaca Emilio Martínez, CEO de TeamSystem.
Según Almudena Medina, otro de los desafíos más relevantes para las multinacionales es el cálculo del nuevo impuesto mínimo global que deben asumir los grupos internacionales tras la implementación del segundo pilar. En declaraciones a EXPANSIÓN, advierte que este nuevo marco implica mayores costes económicos y burocráticos, lo que afectará la rentabilidad de las empresas españolas. Además, la falta de una armonización fiscal completa a nivel internacional expone a las compañías a riesgos de doble imposición y a posibles litigios derivados de los criterios interpretativos que adopte Hacienda.
(Expansión, 18-06-2025)
