La decisión del Gobierno de no ajustar el IRPF a la evolución de los precios y los salarios ha provocado un incremento del 18% en la carga fiscal estatal. Aunque en un primer momento las comunidades autónomas intentaron suavizar este impacto, también han dejado en gran medida de aplicar medidas como la deflactación.
Alrededor de 25 millones de contribuyentes están llamados a presentar la declaración de la renta del ejercicio 2025 desde hoy y hasta finales de junio. Según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, elaborado por el REAF, la falta de actualización del IRPF supondrá un aumento de unos 12.000 millones de euros en la recaudación estatal. Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, implica que, aunque los salarios suban, los contribuyentes pueden pasar a tramos superiores del impuesto y pagar más, sin que ello suponga una mejora real de su poder adquisitivo.
El estudio señala que, entre 2022 y 2026, la ausencia de ajustes en la tarifa estatal del IRPF, junto con la falta de actualización de los mínimos personales y familiares en un contexto de inflación, ha generado un incremento acumulado de la carga fiscal del 18,10%. Este cálculo tiene en cuenta las subidas salariales registradas en los últimos años, así como una inflación acumulada del 15,8% desde comienzos de 2022 hasta finales de 2025, sin que el mínimo personal se haya adaptado a este aumento de precios.
Como consecuencia, un contribuyente con unos ingresos anuales de 25.000 euros pagará este año unos 255 euros más debido a esta falta de actualización. Para rentas de 30.000 euros, el aumento asciende a 350 euros; para 45.000 euros, a 525 euros; para 70.000 euros, a 765 euros; y para ingresos de 400.000 euros, el sobrecoste alcanza los 2.150 euros. En conjunto, y considerando que el Estado recaudó unos 66.000 millones de euros por este impuesto en 2025, el impacto total ronda los 12.000 millones adicionales.
El Gobierno defiende su postura argumentando que una deflactación general beneficiaría a todos los contribuyentes por igual, por lo que prefiere aplicar medidas más focalizadas en las rentas más bajas. En cualquier caso, lo habitual es que ni el Estado ni la mayoría de las comunidades ajusten los tramos del impuesto a la evolución de precios y salarios, con la excepción de los territorios forales del País Vasco y Navarra.
Durante los primeros años del repunte inflacionario tras la invasión de Ucrania, varias comunidades autónomas adoptaron medidas para aliviar la carga fiscal, entre ellas la deflactación del tramo autonómico del IRPF entre 2022 y 2024. Así lo hicieron regiones como Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Navarra o el País Vasco. Sin embargo, estas medidas se han ido retirando y actualmente solo se mantienen en el País Vasco y, de forma condicionada, en La Rioja, donde se aplican si la inflación supera el 3% anual.
(Expansión, 08-04-2026)
