La nueva obligación para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, de emitir facturas electrónicas se retrasará hasta mediados de 2025. Esta obligación se deriva de la Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022. Aunque el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital presentó un Proyecto de Real Decreto para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica en junio, la tramitación del texto se ha retrasado y aún no ha llegado al Consejo de Estado, según fuentes informadas sobre el proceso.
Este retraso pospondrá la obligación para las empresas, ya que el texto establece que una vez se apruebe el reglamento de facturación electrónica, las empresas y profesionales que facturen más de 8 millones al año deberán digitalizar sus facturas en un plazo de un año, mientras que aquellos que facturen menos tendrán dos años para hacerlo.
Con este proyecto de Real Decreto, el Gobierno ha abordado una de las principales preocupaciones de las empresas y pymes: la necesidad de pagar un programa informático para crear facturas. Para evitar estos costos, la Agencia Tributaria desarrollará una plataforma que permitirá a empresas y profesionales emitir sus facturas sin costo adicional. Sin embargo, ya existen soluciones privadas disponibles a precios competitivos, alrededor de nueve euros al mes.
La nueva obligación de facturación digital se enmarca en la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida como la Ley Antifraude, que exige a las empresas que facturan menos de 6 millones de euros (las que superan este umbral ya estaban obligadas desde 2017) proporcionar su facturación de manera inmediata a la Agencia Tributaria. Esto garantiza que las facturas queden registradas de manera inalterable y, en caso de problemas, el emisor debe realizar una corrección.
Aunque la obligación de emitir facturas electrónicas recae en los propios profesionales, la Ley Antifraude permite a los despachos de asesoría cumplir con esta norma a través de programas informáticos que aseguren la trazabilidad e inalterabilidad de los registros, de lo contrario, sus desarrolladores podrían ser sancionados. La entrada en vigor de esta obligación, que tampoco cuenta con un reglamento aprobado debido a los retrasos del Gobierno en la tramitación de nuevos impuestos para bancos, empresas energéticas y grandes fortunas, también está prevista para mediados de 2025. A largo plazo, la Administración tiene como objetivo unificar estas dos exigencias en una sola normativa para controlar todo el proceso de facturación en tiempo real.
Èlia Urgell, product manager del Área Fiscal, Contable y Facturación de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, aconseja a las empresas contar con un software de facturación que cumpla con ambas soluciones y ofrezca garantías legales, ya que es necesario cumplir con la normativa desde el inicio de la factura y la información se envía directamente a la Agencia Tributaria. Urgell sugiere que las empresas se anticipen y comiencen a utilizar la facturación electrónica para familiarizarse con su funcionamiento antes de su implementación. Además, anima a los despachos a convencer a sus clientes de utilizar software de facturación, ya que pueden aprovechar las ayudas del Kit digital para cubrir el costo de los programas y recibir formación.
(El Economista, 25-10-2023)
