La carga impositiva sobre los trabajadores volvió a aumentar en la mayoría de las economías avanzadas durante el último año, en gran medida de forma automática y poco visible, impulsada por la subida de los precios. Así lo recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Taxing Wages 2025. España no fue ajena a esta tendencia: el IRPF se encareció sin cambios normativos explícitos, debido a que el sistema fiscal no se adaptó al ritmo de la inflación.
Este fenómeno, conocido como «progresividad en frío», se produce cuando los salarios nominales crecen para compensar el coste de la vida, pero los tramos impositivos y las deducciones permanecen sin cambios. Como resultado, muchos contribuyentes pasan a tributar en niveles superiores o soportan un mayor tipo efectivo, sin que su poder adquisitivo real mejore en la misma proporción.
Los datos del informe ilustran bien esta situación. En 2025, el salario bruto medio en España alcanzó los 32.678 euros, un 3,8% más que el año anterior. Dado que la inflación fue del 2,6%, esto supuso una ligera mejora del poder de compra en términos brutos. Sin embargo, el tipo medio efectivo del impuesto sobre la renta aumentó un 1,5%, lo que absorbió esa ganancia.
Para analizar esta evolución, la OCDE utiliza el indicador conocido como «cuña fiscal», que mide la diferencia entre el coste total que asume el empleador (salario bruto más cotizaciones empresariales) y el salario neto que recibe el trabajador tras impuestos y cotizaciones. Este indicador se expresa como porcentaje del coste laboral total.
En el caso español, la cuña fiscal para un trabajador soltero con salario medio se situó en el 41,4% en 2025, lo que supone un incremento de 0,3 puntos respecto al año anterior y una cifra claramente superior a la media de la OCDE, que se quedó en el 35,1%. De ese aumento, 0,25 puntos corresponden al IRPF y 0,05 a las cotizaciones empresariales, donde influye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el sistema de pensiones.
Esta tendencia no es exclusiva de España: la presión fiscal sobre el trabajo creció en 24 de los 38 países de la OCDE, encadenando así cuatro años consecutivos al alza. El Reino Unido registró el mayor incremento, con 2,45 puntos, debido al mantenimiento de los tramos impositivos mientras subían los salarios. También destacaron los aumentos en Estonia y Alemania, mientras que el promedio del bloque fue más moderado.
En cuanto a la estructura del sistema español, el mayor peso recae en las cotizaciones sociales pagadas por las empresas, que representan el 23,4% del coste laboral total, muy por encima del 13,5% de media en la OCDE. El IRPF supone el 13,1% -ligeramente por debajo de la media internacional- y las cotizaciones a cargo del trabajador representan el 5%, también inferiores al promedio del 8,1%.
El informe subraya además algunas particularidades del sistema español. Por un lado, existe un esfuerzo por aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos más bajos mediante reducciones específicas, lo que genera un aumento muy pronunciado de la progresividad en los primeros tramos salariales. De hecho, la cuña fiscal crece de forma escalonada: se sitúa en el 37,9% para quienes ganan el 67% del salario medio, sube al 41,4% en el salario medio y alcanza el 46,2% para rentas más elevadas.
No obstante, también se identifican zonas problemáticas. En determinados niveles de ingresos, los tipos marginales efectivos pueden acercarse al 70%, debido a la pérdida simultánea de ayudas y beneficios fiscales cuando se supera cierto umbral de renta.
En el extremo opuesto, el sistema pierde progresividad en las rentas más altas debido a los límites máximos de cotización a la Seguridad Social. En 2025, este tope se sitúa en 58.914 euros anuales, de modo que a partir de ese nivel las cotizaciones dejan de aumentar, reduciendo el efecto redistributivo en la parte alta de la escala salarial.
(El País, 23-04-2026)
