Los diplomáticos han dado luz verde a un plan de las Naciones Unidas que establece un cobro mínimo de 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida por encima de ciertos límites de descarbonización, en una decisión que desafía abiertamente las advertencias de Estados Unidos, que ha amenazado con represalias si se aplica esta medida. El acuerdo, alcanzado en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), supone un punto medio entre posiciones muy enfrentadas entre los Estados miembros, aunque ha generado decepción entre quienes abogaban por imponer un gravamen más elevado a las emisiones del transporte marítimo.
Estados Unidos, que se retiró de las conversaciones, ha manifestado su oposición y ha advertido que podría responder con «medidas recíprocas», aunque no ha especificado cómo se llevarían a cabo. La OMI informó que el pacto fue respaldado por 63 países el pasado viernes, mientras que 16 votaron en contra y 24 se abstuvieron. Entre los opositores destacan potencias exportadoras de energía como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Expertos en energía del sector marítimo advierten que esta medida probablemente no será suficiente para que la industria reduzca sus emisiones a la velocidad necesaria para cumplir con el objetivo de emisiones netas cero «alrededor del año 2050» fijado por la OMI. Faïg Abbasov, responsable del área de transporte marítimo de la organización ecologista Transporte y Medio Ambiente, reconoció que el acuerdo está lejos de ser adecuado para alcanzar las metas climáticas, pero destacó que «el multilateralismo sigue vivo» y que el pacto al menos impulsa el uso de combustibles marinos alternativos.
Este compromiso llega tras casi dos años de duras negociaciones entre países que exigían un impuesto directo por cada tonelada de emisiones y otros que proponían un sistema de créditos menos estricto. Las naciones insulares del Pacífico, especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar, defendieron que un impuesto directo era la vía más efectiva para empujar a los armadores a adoptar combustibles sostenibles, pese a su mayor coste.
Sin embargo, grandes exportadores y más recientemente Estados Unidos han mostrado su rechazo, alegando que esos costes se trasladarían al consumidor y encarecerían productos básicos como los alimentos, especialmente en un contexto en el que los combustibles de bajo carbono todavía son escasos. Cabe recordar que el transporte marítimo mueve cerca del 80% del comercio mundial y depende casi exclusivamente de combustibles fósiles, lo que lo convierte en responsable del 3% de las emisiones globales, según datos de la OCDE.
La propuesta, sujeta a revisión en un plazo de tres años, fija dos metas de reducción de emisiones para todos los buques con un peso superior a 5.000 toneladas brutas, las cuales se incrementarán gradualmente. Aquellos que no cumplan el objetivo más ambicioso deberán pagar 100 dólares por tonelada de emisiones de CO₂ o gases equivalentes que sobrepasen ese límite. Para los que incumplan también el objetivo más básico, el coste podría ascender hasta 380 dólares por tonelada adicional emitida.
Los barcos que superen sus metas podrán vender créditos a otros que no las cumplan, generando así un mercado de incentivos. El objetivo más estricto establece una reducción del 17% en la intensidad de gases de efecto invernadero para 2028 en comparación con los niveles de 2008, incrementándose al 21% en 2030. El objetivo más moderado es de un 4% para 2028, subiendo al 8% dos años después.
Los ingresos generados por estas tarifas se destinarán a apoyar a los barcos que usen combustibles limpios, invertir en la descarbonización del transporte marítimo y mitigar los efectos adversos de estas medidas sobre la seguridad alimentaria. Estas inversiones pondrán especial atención en los países en desarrollo, un aspecto del plan que ha sido fuertemente criticado por Estados Unidos.
(Expansión, 15-04-2025)
