La decisión del Gobierno de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu ha dejado en una situación complicada a todas aquellas empresas que, para evitar esta obligación, optaron por pasarse al régimen de facturación para grandes compañías.
Las empresas con una facturación superior a seis millones de euros anuales están obligadas, desde 2017, a utilizar el Suministro Inmediato de Información (SII). Este sistema les exige registrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria todas las facturas emitidas y recibidas, y enviar la información en un plazo máximo de cuatro días desde su emisión o recepción, con el fin de que Hacienda pueda tener un control más exhaustivo del IVA.
Como las grandes compañías no estaban incluidas en las exigencias de Verifactu -que afectaba únicamente a empresas con ingresos inferiores a seis millones y a los autónomos- no tenían que adaptar sus programas de facturación a los nuevos estándares requeridos por Hacienda. Dichos programas deben garantizar la trazabilidad de las facturas, conectarse telemáticamente con la Agencia Tributaria e impedir la manipulación de documentos o la existencia de contabilidad paralela.
Rubén Jimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), señala que en los últimos meses ha aumentado el número de empresas que se refugiaron en el SII para esquivar Verifactu, en parte para no tener que asumir el coste de implantar los nuevos programas. Aunque se trata de un sistema pensado para grandes corporaciones, cualquier empresa puede adherirse voluntariamente.
No obstante, el anuncio repentino de la prórroga de Verifactu hasta 2027 ha dejado a estas compañías atrapadas, sin posibilidad de abandonar el SII. Según el REAF, la normativa solo permite renunciar a este régimen durante el mes de noviembre, por lo que aquellas empresas que se incorporaron recientemente para esquivar Verifactu ya no pueden salir. Ahora queda por ver si la Administración modificará la regulación para abrir un periodo extraordinario que permita a estas firmas abandonar el SII.
El Congreso deberá convalidar en un máximo de 30 días el Real Decreto-ley publicado este miércoles en el BOE, que incluye la prórroga de Verifactu y otras medidas pactadas en su momento entre Junts y el Gobierno para asegurar su apoyo.
El texto se debatirá en el Pleno del próximo día 11, el único de diciembre, junto con el decreto que recoge la subida salarial de los empleados públicos y la votación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, pasos necesarios para avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, confirmó este miércoles su respaldo al decreto presentado por el Ejecutivo, que incorpora varias de sus demandas, aunque aseguró que su formación mantiene su postura crítica. Con el voto favorable de Junts, la prórroga de Verifactu previsiblemente será aprobada.
El cambio implica que las empresas deberán disponer de un sistema de facturación adaptado a las nuevas exigencias a partir del 1 de enero de 2027, en lugar del próximo 1 de enero, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.
(El Economista, 04-12-2025)
