La Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de año una revisión de gran calado del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). Se trata de un gravamen aplicado a las emisiones asociadas a los bienes importados en la UE, cuyo propósito es evitar que la industria europea quede en desventaja frente a productos más económicos y con mayor huella de carbono. Su entrada en vigor está programada para el próximo año.
Esta actualización analizará nuevas herramientas para frenar posibles maniobras de evasión del impuesto y barajará la inclusión de más bienes manufacturados dentro del alcance del CBAM. En el marco del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), las compañías pagan unos 80 euros por cada tonelada de CO₂ emitida. Hoy por hoy, varios sectores intensivos en carbono reciben parte de estas emisiones de forma gratuita para mantener su competitividad frente a otros países.
El CBAM se introducirá de forma progresiva el año que viene, mientras que las asignaciones gratuitas del ETS desaparecerán poco a poco a partir de 2027. El objetivo es que todas las empresas asuman el coste de sus emisiones: mediante el CBAM en el caso de los importadores y a través del ETS para las firmas instaladas en la Unión Europea.
Aunque la finalidad inicial del CBAM era evitar la deslocalización de la producción hacia regiones con normativas climáticas más laxas y menores costes, el anuncio de su revisión ha generado una fuerte oleada de presiones por parte de sectores industriales y socios comerciales, que mantienen posiciones muy distintas sobre sus efectos.
En una carta remitida este mes al canciller alemán Friedrich Merz y divulgada por el Financial Times, más de 70 compañías manifestaron su «preocupación creciente» ante la posibilidad de que las reglas vigentes comprometan la viabilidad económica de la transición energética y, por extensión, la continuidad de los sectores altamente consumidores de energía y sus cadenas productivas en Europa.
En otra misiva, firmada por los directores ejecutivos de TotalEnergies y Siemens en representación de 46 empresas, se pidió a Merz y al presidente francés Emmanuel Macron que mantengan las asignaciones gratuitas del ETS para la industria «hasta que el CBAM demuestre de manera efectiva que funciona».
Este año, países como Brasil, Turquía y Japón han puesto en marcha o reforzado sus propios sistemas de fijación de precios al carbono, en parte para evitar que sus exportaciones se vean seriamente perjudicadas por el nuevo impuesto, ya que quienes cuenten con un precio de carbono equivalente quedarán fuera de su aplicación.
Según Ulrich Adam, director general de Orgalim, el modelo actual del CBAM sumado a la futura retirada de los permisos gratuitos hará que los fabricantes dependientes de acero, aluminio u otros materiales afectados por el gravamen pierdan competitividad a partir de 2026, tanto dentro de Europa como en los mercados a los que exportan. Ante este escenario, algunos miembros de la Comisión se inclinan por suavizar o retrasar la reforma.
(Expansión, 11-11-2025)
