Bruselas renuncia a vetar los motores de combustión a partir de 2035, pero impone criterios muy estrictos para acelerar la renovación del parque automovilístico, apoyándose en las grandes compañías como motor del cambio. Las empresas españolas afrontan un reto considerable. Aunque la Comisión Europea ha retirado la prohibición de comercializar vehículos de combustión interna desde 2035, las duras obligaciones de descarbonización que se introducirán a cambio seguirán exigiendo un profundo proceso de adaptación tanto a los fabricantes como a los compradores.
De acuerdo con la normativa presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario, en 2030 el 36% de las nuevas matriculaciones de vehículos corporativos en España deberán corresponder a coches totalmente eléctricos o impulsados por hidrógeno. Este porcentaje aumenta hasta el 55% si se incluyen también los denominados vehículos de bajas emisiones, es decir, aquellos que emiten entre 1 y 50 gramos de CO₂ por kilómetro, como los híbridos.
En el caso de las furgonetas, igualmente afectadas por las nuevas reglas europeas, los objetivos son algo menos ambiciosos a corto plazo debido a la menor implantación del vehículo eléctrico en este segmento. Así, se establece que el 29% de las nuevas matriculaciones de flotas corporativas deberán ser eléctricas y al menos el 32% de bajas emisiones.
«A partir de 2030, los Estados miembros deberán asegurar que un porcentaje mínimo de los nuevos turismos y furgonetas corporativos matriculados por grandes empresas sea de cero o bajas emisiones, con un objetivo específico para los vehículos de cero emisiones», indican desde la Comisión Europea.
El planteamiento comunitario fija los objetivos por países y no por empresas concretas. Los resultados se evaluarán de manera agregada, de modo que el mayor esfuerzo de algunas compañías podrá compensar las dificultades de otras, según explican fuentes europeas.
En 2024, los vehículos cien por cien eléctricos representaron en torno al 6% de las ventas destinadas a empresas en España, lo que pone de manifiesto la escasa penetración de este tipo de automóviles en las flotas corporativas. De hecho, menos del 10% de las compañías españolas dispone actualmente de coches eléctricos.
Las metas asignadas a España, tanto para turismos como para furgonetas, se han calculado teniendo en cuenta factores como el PIB per cápita y el grado de desarrollo del mercado del vehículo eléctrico. En otros países como Suecia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica o Países Bajos, las exigencias son mucho más elevadas: en 2030, el 58% de las nuevas matriculaciones corporativas deberán ser eléctricas y hasta el 90% si se incluyen también los vehículos de bajas emisiones.
(Expansión, 18-12-2025)
