La Seguridad Social ha publicado los datos provisionales de incapacidad temporal hasta diciembre de 2024, reflejando un nuevo aumento en la tendencia que preocupa tanto a sindicatos como a empresarios: el incremento continuo de bajas laborales en España. Desde 2012, el número de personas que dejan de trabajar por enfermedad ha crecido cada año, una situación que se aceleró tras la pandemia. Según los expertos en salud laboral, este fenómeno está relacionado con el envejecimiento de la población activa, la sobrecarga del sistema sanitario, el dinamismo del mercado laboral y un cambio en la percepción del trabajo. Este aumento impacta tanto en la productividad empresarial como en el bienestar de los trabajadores.
Uno de los datos más significativos es que las incapacidades temporales por contingencias comunes (aquellas que no derivan de la actividad laboral) alcanzaron una prevalencia media de 53,3 por cada 1.000 asalariados a finales de 2024. Se trata del nivel más alto registrado desde que comenzó la serie en 2007.
La prevalencia mide la cantidad de procesos activos en relación con la población protegida al final del periodo. Es considerada la mejor métrica para analizar la incapacidad temporal, ya que permite comparar el fenómeno con el total de trabajadores. De hecho, el incremento registrado en 2024 no se debe únicamente al crecimiento de la fuerza laboral, sino que las bajas han aumentado a un ritmo superior al del empleo. En 2023, la tasa fue del 49,4, mientras que en 2024 ascendió al 53,3, un valor que podría seguir subiendo cuando los datos se consoliden (el registro provisional de 2023 fue inferior, con 47,3).
Este crecimiento ha sido constante desde 2012, cuando se alcanzó el nivel más bajo de la serie con 19,1 incapacidades temporales por cada 1.000 asalariados. Desde la pandemia, el ritmo de aumento se ha acelerado. Los especialistas en salud laboral explican que, en épocas de alto desempleo, el temor a perder el empleo reduce el número de bajas laborales, mientras que en periodos de mayor estabilidad en el mercado laboral, como el actual, las cifras tienden a aumentar. De hecho, cuando España tenía seis millones de desempleados, el número de bajas era mínimo, mientras que ahora, con la tasa de paro más baja desde 2008, alcanza máximos históricos.
Entre los trabajadores autónomos, la incapacidad temporal también se encuentra en niveles elevados. En 2024, la prevalencia fue de 39,8 por cada 1.000 empleados por cuenta propia. Aunque supone un leve descenso respecto a 2023, sigue siendo la segunda cifra más alta de la serie, muy superior al mínimo registrado en 2014 (27,7). A pesar de que los autónomos tienden a cogerse menos bajas que los asalariados debido a la pérdida de ingresos y las dificultades para cotizar, los niveles actuales siguen siendo considerablemente altos. En contraste, las incapacidades temporales por contingencias profesionales han disminuido por segundo año consecutivo en el conjunto de asalariados y autónomos.
Los especialistas identifican varios factores detrás de este incremento en las bajas laborales. Uno de los principales es el envejecimiento de la población activa: a mayor edad, mayor probabilidad de enfermar. Las proyecciones demográficas indican que esta tendencia continuará en los próximos años, lo que podría derivar en un aumento adicional de las incapacidades temporales. Actualmente, más del 35% de los trabajadores tienen 50 años o más, frente al 19,6% de hace dos décadas. Esta realidad preocupa a nivel europeo, como señala Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de les Illes Balears, quien ha investigado sobre incapacidad temporal y absentismo laboral.
Otro factor clave es el deterioro del sistema sanitario público, especialmente en los tiempos de respuesta. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en diciembre de 2023 había 849.535 personas en lista de espera para una intervención quirúrgica, casi el doble que hace dos décadas. Actualmente, hay 18,11 personas por cada 1.000 habitantes en esta situación, la cifra más alta registrada. Además, el 24% de los pacientes lleva más de seis meses esperando, un porcentaje solo superado en 2020 (27%) y que triplica el de principios de siglo (8%). La espera media para una operación alcanzó los 128 días en 2023, muy por encima de los 77 días de hace 20 años y los 98 de hace una década.
Para reducir estas demoras, sindicatos, patronales y la Seguridad Social han acordado que las mutuas tengan un papel más relevante en la gestión de las bajas por problemas traumatológicos, siempre que los trabajadores opten por esta opción. Se espera que en breve se formalicen acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas para facilitar esta medida.
Por último, los expertos destacan una paradoja en la gestión de la incapacidad temporal: las comunidades autónomas son responsables del sistema sanitario y de reducir las listas de espera, pero el coste de la prolongación de las bajas laborales recae en la Seguridad Social. Esto supone un desafío adicional en la gestión de los recursos públicos y la sostenibilidad del sistema de prestaciones.
(El País, 21-03-2025)
