¿Cómo es posible que el país que más incrementó la cifra de ocupados en toda la Unión Europea en 2024 mantenga la tasa de paro más alta de los Veintisiete? Una de las claves, según ha reiterado en múltiples ocasiones la propia Comisión, es la escasa eficacia de los servicios públicos de empleo que, pese a una ambiciosa reforma aprobada en 2023, solo han encontrado trabajo al 1,9% de los asalariados. La mitad de los que logran un empleo gracias a una empresa de trabajo temporal (ETT).
Las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 354.400 los asalariados que habían logrado su empleo actual con a la «participación de una oficina pública de empleo». Son un 4,8% más que hace un año y alcanzan su cifra más alto desde 2011, si bien el porcentaje que suponen sobre el total, el mencionado 1,9%, es el mismo en el que llevan estancados desde 2022.
Por su parte, la ETT participaron en la contratación de 734.200 personas, un 4% del total. Quedan por detrás de los datos de 2023, cuando se alcanzaron las 768.100, pero son los segundos mejores de toda la serie histórica, que se remonta a 2006. Eso sí, solo aportan el 4% de los asalariados, frente al 4,3% de hace un año y por debajo de los niveles de 2012, 2019 y los años anteriores a la crisis financiera.
¿Cómo es posible que un sector que se considera penalizado por la reforma laboral, que redujo precisamente la contratación temporal, obtenga mejores resultados que el esfuerzo conjunto de diecisiete organismos autonómicos y uno estatal (el SEPE, que además de pagar prestaciones se encarga de coordinar las actuaciones) con unos fondos que supera los 6.000 millones de euros?
Sobre todo, después de que la Ley de Empleo, presentada como una de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas, y que estos días cumple dos años promoviera la transformación del SEPE en una Agencia Nacional de Empleo para reforzar su papel en el diseño y ejecución de las denominadas políticas activas, las destinadas a encontrar empleo a los parados.
Teniendo en cuenta que en España había de media 4,35 millones de demandantes inscritos en las oficinas de empleo, de los que 2,63 eran parados registrados, un incremento del 4%, apenas 16,300 personas respecto a las cifras de hace un año, se antoja demasiado escaso.
La explicación es múltiple. Por un lado, las empresas de trabajo temporal siempre han funcionado mejor que las oficinas públicas, ya que las empresas las consideran más eficaces para gestionar sus demandas eventuales de trabajadores. Aunque la reforma ha limitado esta vía de negocio, les ha dado la posibilidad de hacer contratos indefinidos fijos discontinuos. Son empleos con elevada rotación entre llamamientos, pero las ETTs les permiten encadenar más periodos de actividad que los temporales, lo cual podría explicar el incremento de ocupados.
Así se compensa, al menos a efectos estadísticos, el golpe que supuso para estas empresas la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio y el endurecimiento del encadenamiento de contratos. No obstante, en el último año ha habido cierte repliegue, en parte por la campaña de la Inspección de Trabajo contra posibles abusos sobre esta figura.
¿Y por qué la gran reforma de las políticas activas no se ha traducido en una mejora de la tasa de intermediación? Básicamente, porque no se ha completado. De hecho, la ley de marzo de 2023 daba seis meses para culminar la transición del SEPE a la Agencia Nacional de Empleo y esta cuestión parece completamente abandonada. El efecto de la norma en otros aspectos, como la obligación de las empresas a comunicar todas las vacantes a los servicios públicos de empleo, tampoco ha sido percibido ni en las estadísticas de ofertas comunicadas a las oficinas de empleo ni en los datos de intermediación que publica el INE.
Aunque la cifra que arroja la submuestra de la EPA es la más elevada en 14 años, la mejoría se puede achacar más a la inercia de la creación de empleo antes que a la mejoría de las competencias de los servicios públicos de empleo. La clave para llegar a esta conclusión es que la tasa de intermediación es la misma que antes de la reforma y está por debajo de la que se anotaba en 2019.
(El Economista, 31-03-2025)
