Las asociaciones bancarias AEB y CECA han iniciado acciones legales contra el nuevo impuesto aplicado al sector financiero, presentando un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que regula el modelo de autoliquidación y el pago fraccionado del tributo. Dicha orden fue publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Aunque ambas patronales ya habían manifestado anteriormente su intención de impugnar este tributo, ha sido ahora cuando han formalizado la demanda. Esta iniciativa reafirma la oposición que la banca expresó el pasado noviembre, cuando se oficializó la incorporación de este impuesto al marco tributario como continuación del gravamen extraordinario impuesto en 2022, que respondía a los elevados beneficios obtenidos por las entidades en un entorno de altos tipos de interés.
El nuevo impuesto, que afecta al margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, fue establecido dentro del paquete fiscal aprobado en diciembre de 2024. Sustituye al gravamen temporal que se introdujo hace dos años con el objetivo de contribuir a financiar los costes derivados de la guerra en Ucrania. A diferencia del anterior, este tributo tiene carácter plurianual y estará vigente, en principio, durante tres años. Se aplican tipos progresivos del 1% al 7% sobre los beneficios, aunque contempla una deducción del 25% en el Impuesto de Sociedades, además de una bonificación adicional si la rentabilidad del banco se sitúa por debajo de ciertos niveles.
Tras la entrada en vigor de la normativa que regula el pago del impuesto, las patronales han reiterado su rechazo, argumentando que la medida tendrá consecuencias negativas en la financiación de hogares y empresas, reducirá el atractivo para la inversión y perjudicará a la economía en general. También subrayan que España es el único país europeo que grava a la banca con un impuesto de estas características, lo que, según denuncian, afecta a la competitividad del sector frente a sus homólogos en el resto del continente.
Como ya ocurrió con el impuesto anterior, el Banco Central Europeo (BCE) manifestó en diciembre de 2024 su oposición a esta nueva figura impositiva. El organismo alertó de que podría restringir la capacidad de los bancos para conceder préstamos, generar condiciones menos favorables para los clientes y acarrear consecuencias imprevistas para la solvencia y competitividad de las entidades.
En la misma línea, el Banco de España, en su último Informe de Estabilidad Financiera publicado esta primavera, también se ha mostrado crítico. Advirtió de que el tributo podría tener un impacto negativo sobre el crédito y limitar la capacidad del sistema para absorber posibles crisis, además de aumentar el riesgo de fragmentación en el sistema financiero europeo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado recientemente al Gobierno español a eliminar este nuevo impuesto, tal como se recoge en su informe de abril.
(El Economista, 04-06-2025)
