Éste es uno de los principales desafíos para los expertos en fiscalidad en España. Todos coinciden en que la creciente conflictividad tributaria es perjudicial tanto para los contribuyentes como para la Administración. En los últimos cinco años, se ha observado un aumento significativo en la litigiosidad, llevando a muchos despachos, tanto grandes como pequeños, a reforzar sus áreas de procedimiento tributario debido al crecimiento en el número de casos.
Las reclamaciones de los contribuyentes se acumulan en los tribunales, tanto administrativos como en la jurisdicción contenciosa. Según el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023, en el año 2018, último con datos disponibles, existían deudas suspendidas por recurso o reclamación que sumaban 12.763 millones de euros en España. Esta cantidad representa un compromiso financiero que los contribuyentes deben provisionar para afrontar posibles fallos judiciales en su contra, y que, en algunos casos, pueden tardar años en resolverse.
Desde la perspectiva de la Administración, esta situación también genera preocupación, especialmente en lo que respecta al pago de intereses de demora cuando los servicios tributarios no prevalecen en los tribunales. Según el propio plan estratégico de la Agencia Tributaria, «en muchas ocasiones, los intereses de demora se originan por retrasos en la tramitación de devoluciones o resoluciones y sentencias desfavorables que implican un importe a devolver al contribuyente». En 2018, la Agencia Tributaria pagó un total de 235,6 millones de euros en intereses de demora.
Las disfunciones en el sistema se manifiestan en la llegada de aproximadamente 200,000 recursos a los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) cada año. Este volumen resulta insostenible para la Administración, y aunque los TEA intentan resolver rápidamente, la abrumadora cantidad de casos y la tradicional escasez de recursos dan lugar a resoluciones estandarizadas con calidad técnica mejorable. Esto provoca la dilación de los plazos de los procedimientos, superando con creces los límites legales establecidos.
La duración prolongada de los procedimientos, que puede extenderse hasta 10 años en casos que llegan al Tribunal Supremo, genera inseguridad jurídica y preocupa a los inversores internacionales. A pesar de que los contribuyentes ganan el 44% de los casos que llegan a los TEA, el 60% de los pleitos en materia tributaria termina desfavorablemente para Hacienda.
La judicialización del delito fiscal en España se ha vuelto uno de los aspectos más destacados en el ámbito del Derecho Penal Económico. Se está llevando a juicio cualquier deuda tributaria superior a 120,000 euros, una situación que algunos consideran excesiva. El jurista Eduardo de Urbano sostiene que la deuda tributaria no debería implicar automáticamente un delito fiscal; este último debería estar reservado para casos de deuda tributaria fraudulenta. Los estudios del especialista sugieren que en España hay alrededor de 1,000 casos de delito fiscal al año, y destaca la importancia de dotar a la Justicia de más recursos para abordar esta problemática.
(Expansión, 07-12-2023)
