A falta de un mes para cerrar el año, el Ministerio de Seguridad Social aún no ha publicado el Resumen de Ejecución del Presupuesto del ejercicio anterior. Sin embargo, en noviembre, el departamento ya había ejecutado el 107,61% del presupuesto, lo que significa que superó en siete puntos porcentuales los recursos inicialmente previstos en transferencias del Estado, que ascendían a 38.688,51 millones de euros. En total, estas ayudas estatales alcanzaron los 41.632,04 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 7% respecto a 2023. Estas transferencias, financiadas mediante impuestos o deuda, permiten cubrir parte del déficit de la Seguridad Social.
El aumento de estos recursos estatales destinados a financiar las pensiones responde al proceso de separación de fuentes de financiación, uno de los pilares impulsados por el Pacto de Toledo y desarrollado por el ministro José Luis Escrivá en la pasada legislatura. Estas transferencias cubren prestaciones no contributivas, gastos sanitarios y asistenciales, que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado mediante impuestos generales. Entre estos pagos se encuentran las pensiones más bajas del sistema, las no contributivas para quienes no alcanzan los 15 años de cotización, los complementos por brecha de género y las pensiones de los funcionarios del antiguo régimen de Clases Pasivas, entre otros. También se incluyen los créditos concedidos por el Tesoro para afrontar pagas extraordinarias como las de verano y Navidad.
Lejos de disminuir, se espera que esta fuente de financiación vuelva a aumentar este año. Uno de los principales objetivos del Ministerio para 2025 es completar el proceso de separación de fuentes, lo que supondría un mayor volumen de impuestos o deuda pública destinados a la Seguridad Social.
El Gobierno ha justificado este modelo señalando que en otros países europeos como Alemania y Francia entre el 25% y el 30% del gasto en pensiones se cubre con impuestos generales. En España, esta proporción alcanzó el 19,83% en noviembre de 2024, manteniéndose en la misma cifra que el año anterior, es decir, uno de cada cinco euros destinados a pensiones proviene de impuestos y no de cotizaciones sociales.
En julio de 2024, Hacienda presentó el techo de gasto no financiero con el objetivo de ampliar el margen fiscal para incrementar un 7% las transferencias destinadas al pago de pensiones. Sin embargo, la propuesta se vio frenada por la negativa de Junts en ese mismo mes, lo que obstaculizó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una situación que el Ejecutivo aún no ha logrado resolver.
Por otro lado, los ingresos de la Seguridad Social también han crecido gracias al aumento en las cotizaciones sociales. Desde 2018, los ingresos por este concepto han aumentado un 30%, y solo en el último año se han incrementado un 11% interanual, alcanzando los 151.605,64 millones de euros en noviembre. Este incremento se debe, en parte, al buen comportamiento del mercado laboral en España, donde el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 21,34 millones de trabajadores a finales de año. A mayor número de empleados, mayores ingresos para financiar el gasto creciente en pensiones.
Además del aumento en el empleo, el incremento en las cotizaciones también responde a la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización específica que pagan empresas y trabajadores con el fin de fortalecer el Fondo de Reserva, conocido como la «hucha de las pensiones». Este mecanismo entró en vigor el 1 de enero de 2023 y seguirá aumentando progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029.
El refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social es una de las estrategias clave adoptadas por el Ministerio para hacer frente al desafío del aumento en el número de jubilados. A esta medida se suman otras iniciativas como el incremento progresivo de la edad de jubilación y la creación de incentivos para retrasar la retirada del mercado laboral.
(El Economista, 25-03-2025)
