Los ayuntamientos han abierto un nuevo frente de oposición al Gobierno debido al aumento obligatorio de la tasa de basuras que entrará en vigor el próximo año. Ahora cuentan con un respaldo importante para justificar su rechazo: la Comisión Europea ha aclarado que no impone el incremento de esta tasa, sino que ofrece a los Estados miembros varias opciones y está dispuesta a considerar alternativas.
La aclaración de la Comisión Europea, en respuesta a una pregunta formulada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha intensificado las críticas de los alcaldes al Ejecutivo. Los municipios, que son las administraciones más saneadas del país con superávits recurrentes y depósitos que suman 43.500 millones de euros en los bancos, argumentan que no necesitan aumentar los impuestos a los ciudadanos para financiar la gestión de residuos.
Según datos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, la implementación de esta tasa generará una recaudación adicional de 3.800 millones de euros, lo que equivale a unos 190 euros anuales por hogar. Esta cifra triplica, por ejemplo, la cantidad que se habría recaudado igualando el impuesto del diésel al de la gasolina. Para muchos alcaldes, justificar este aumento a sus ciudadanos resulta complicado, especialmente en casos donde las cuentas municipales presentan excedentes.
En la transposición de la directiva europea, el Gobierno estableció que los ayuntamientos deberán incorporar en la tasa de basuras el coste total de recogida, tratamiento y gestión de residuos. Sin embargo, la Comisión Europea, a través de su vicepresidente Maroš Šefčovič, ha aclarado en su respuesta parlamentaria que esta decisión no es obligatoria. En particular, la Comisión hace referencia al anexo IV bis de la directiva, que incluye «una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas», y subraya que «los Estados miembros, así como sus autoridades locales, pueden adoptar otras medidas no incluidas en este anexo para cumplir con los requisitos».
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del Partido Popular, ha acusado al Gobierno de haber tomado esta decisión por voluntad propia. «Pedro Sánchez ha optado por aplicar la tasa de basuras porque así lo ha querido», afirmó en un comunicado. Por su parte, los alcaldes del Partido Popular pretenden reabrir el debate sobre esta medida, especialmente ahora que la Comisión ha confirmado que no es la única vía posible.
«Esta respuesta debería propiciar un nuevo debate en torno a esta tasa», sostuvo la eurodiputada popular Alma Ezcurra. Asimismo, alentó a los ayuntamientos a presentar mociones para intentar modificar la postura del Gobierno, utilizando los argumentos reforzados que aporta la respuesta de la Comisión Europea.
(El Confidencial, 05-12-2024)
