En una etapa inicial, los contribuyentes podrán enviar su declaración del IRPF tanto a la Agencia Tributaria estatal como a la catalana, ya que ambas instituciones compartirán la información. Además, será posible realizar el trámite utilizando el certificado digital emitido por la Generalitat.
A partir de 2026, los ciudadanos catalanes comenzarán a percibir los efectos del acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat sobre un modelo de financiación de carácter «bilateral», cuyo eje principal es el fortalecimiento de una Hacienda propia en Cataluña.
Desde 2006, Cataluña cuenta con una administración tributaria que gestiona y supervisa tanto impuestos propios como los cedidos por el Estado. Sin embargo, sus ingresos rondan los 5.000 millones de euros anuales, una cifra muy inferior a los aproximadamente 30.000 millones que recauda la Agencia Tributaria estatal solo a través del IRPF.
La diferencia también es notable en términos de recursos materiales y humanos. Mientras que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) emplea a unas 850 personas -una cifra que se espera supere el millar próximamente gracias a nuevas convocatorias de empleo público-, el número de trabajadores de la Hacienda estatal en Cataluña asciende a unos 4.200.
El pacto no aclara qué ocurrirá con los inspectores de Hacienda, que juegan un papel fundamental en este proceso. Los detalles del nuevo sistema quedarán en manos de un grupo de trabajo conjunto entre ambas administraciones.
Lo que sí contempla el acuerdo es cómo se irá dotando progresivamente de más atribuciones a la ATC. En la campaña del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de este año, que se liquidará en 2026, los contribuyentes podrán elegir a cuál de las dos administraciones -la estatal o la catalana- enviar su declaración.
Según el texto firmado por ambos gobiernos, «se promoverán los cambios necesarios» para facilitar esta posibilidad y permitir el uso del certificado digital de la Generalitat (IdCAT) para presentar la declaración.
Tras esta fase inicial, el objetivo es seguir avanzando paso a paso, siempre que el marco legal lo permita, y ampliar el alcance de las funciones de la Hacienda catalana. Esto incluiría tareas como la verificación del cumplimiento de la normativa autonómica, especialmente en lo referente a las deducciones fiscales aprobadas por el Parlament.
En lo relativo al IRPF, ambos gobiernos también contemplan la posibilidad de ampliar el acuerdo que a comienzos de este año cerraron para gestionar conjuntamente la recaudación del Impuesto de Matriculación, aunque este aún no se ha puesto en práctica.
(Expansión, 15-07-2025)
