El Govern de Salvador Illa y ERC están ultimando nuevos límites para los alquileres de temporada y de habitaciones, en un contexto de creciente tensión en el mercado de la vivienda en Cataluña. Paralelamente, se espera un aumento inminente en el precio de la vivienda de segunda mano, según advirtieron ayer Foment del Treball y la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), tras la reciente subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Esta medida fue acordada la semana pasada entre el Ejecutivo catalán y En Comú Podem, referente autonómico de Sumar.
El incremento del ITP afectará especialmente a los grandes tenedores, duplicando el impuesto del 10% al 20%. En Cataluña, se considera gran tenedor a quien posee cinco viviendas, en contraste con la normativa estatal que fija el umbral en diez. La subida se aplicará en las llamadas zonas tensionadas, donde reside el 90% de la población catalana, distribuidas en 271 municipios, incluidas las cuatro capitales de provincia, las ciudades más grandes y los principales destinos turísticos de la costa.
Estas mismas zonas están sujetas a una regulación que limita los precios del alquiler, una medida que, según el sector inmobiliario, ha provocado el efecto contrario al esperado, reduciendo aún más la oferta disponible en lugar de mejorar el acceso a la vivienda.
Xavier Vilajoana, presidente de los promotores a nivel nacional y en Cataluña, subrayó que entre el 20% y el 25% del precio final de una vivienda corresponde a impuestos de distintos niveles de gobierno. Con la subida del ITP, este porcentaje superaría el 25%, dificultando aún más el acceso a la vivienda y agravando la crisis actual. «Con esta medida, lo que estamos haciendo es poner más trabas a la adquisición de vivienda», advirtió Vilajoana.
Tanto él como el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclamaron a los políticos que dejen de legislar sin contar con el sector. «En los últimos 15 años, se han realizado 47 cambios normativos solo en materia de vivienda», destacó Vilajoana. Esta complejidad regulatoria, a la que se suma el aumento de la carga fiscal, genera incertidumbre y frena tanto la inversión como la llegada de capital extranjero, ralentizando el desarrollo de nuevos proyectos.
Por su parte, Sánchez Llibre alertó de que la subida del ITP y la intención de duplicar la tasa turística convertirán a Cataluña en un «campo de minas fiscal», donde, en lugar de redistribuir la riqueza, se estaría extendiendo la precariedad económica.
Para que estas medidas entren en vigor, primero deben ser aprobadas por el Govern y posteriormente ratificadas por el Parlament, donde se necesita el apoyo de ERC. En principio, no se prevén obstáculos, dado que los republicanos han defendido firmemente la intervención en los precios de la vivienda.
Además del aumento del ITP, se avecinan más cambios en la regulación del mercado inmobiliario. Elisenda Alamany, portavoz de ERC, confirmó que están a punto de cerrar un acuerdo con el Govern para establecer nuevas normativas sobre los alquileres de temporada y el arrendamiento de habitaciones. Según los republicanos, estas modalidades se han convertido en una vía para esquivar el índice de referencia de precios del alquiler que ellos mismos impulsaron durante su gestión en la Generalitat.
(La Vanguardia, 04-03-2025)
