El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respondió este martes a las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre si la normativa española compensa adecuadamente a los empleados públicos víctimas de abuso de la temporalidad. Como en ocasiones anteriores, la corte europea concluyó que España no ofrece una reparación suficiente. Según su criterio, las medidas adoptadas hasta ahora no son adecuadas: ni la figura del indefinido no fijo, ni las indemnizaciones previstas, ni los procesos de estabilización cumplen con los estándares comunitarios.
Sin embargo, el TJUE no concreta qué solución debe aplicarse, dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión final. Incluso resulta menos específico que en una sentencia de junio de 2024, en la que sugería que convertir a estos trabajadores en fijos podría ser una opción válida. El Gobierno, por su parte, rechaza esta posibilidad, al considerar que vulneraría la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Desde el Ejecutivo insisten en que ni esta sentencia ni el derecho europeo obligan a modificar la ley para hacer fijos a estos empleados. Mientras tanto, las cifras sobre los afectados varían: el sindicato CSIF calcula unos 125.000, mientras que el abogado Javier Arauz eleva el número a más de 900.000. Tras el fallo, el Ministerio de Función Pública descarta cambios legislativos en este sentido, aunque ha convocado a los sindicatos para analizar la situación.
Ahora será el Tribunal Supremo quien deba dictar sentencia y, eventualmente, orientar una solución. Algunos expertos plantean alternativas. Arauz propone una figura similar a la fijeza, como el «fijo a extinguir», una categoría creada por los tribunales que permitiría mantener al trabajador en su puesto hasta su salida definitiva, aunque sin opciones de promoción o movilidad. Esta figura ya fue utilizada en otros contextos administrativos, según recuerda el catedrático Cristóbal Molina.
No obstante, otros especialistas, como Adrián Todolí, rechazan esta opción, al considerar que no es adecuada para un caso de abuso de temporalidad, ya que se diseñó para situaciones distintas y no ilícitas. Donde sí ven novedades algunos expertos es en la valoración del TJUE sobre las indemnizaciones. El tribunal europeo considera insuficiente la compensación actual de 20 días por año trabajado, ya que solo se aplica en casos concretos. En este sentido, se plantea que podría establecerse una indemnización por el mero hecho de haber sufrido abuso de temporalidad, independientemente de si el trabajador pierde su puesto.
Según Molina, el Supremo tiene varias vías abiertas: proponer una fórmula de fijeza limitada o condicionada, aumentar las indemnizaciones más allá de los límites actuales o incluso introducir sanciones para los responsables de personal que permitan estos abusos, como ocurre en otros países como Italia. Desde el ámbito jurídico, se considera que la postura del Gobierno -al afirmar que no existe obligación de convertir en fijos a los interinos- es coherente con la sentencia. No obstante, también se advierte de que el fallo cuestiona las medidas actuales y deja poco margen para diseñar alternativas que cumplan con el derecho europeo.
Además, el pronunciamiento del TJUE podría tener efectos inmediatos, como un incremento de litigios contra la Administración. Podrían multiplicarse las reclamaciones individuales por abuso de temporalidad o las impugnaciones relacionadas con la gestión de plazas estructurales. Entre las posibles vías legales, se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque los expertos advierten de que se trata de un procedimiento complejo y difícil de prosperar.
(El País, 15-04-2026)
