Este lunes, el Ministerio de Función Pública presentó una propuesta que supone un cambio profundo en el sistema de acceso a los cuerpos superiores de la Administración, es decir, a los puestos de mayor responsabilidad y retribución -como los de los grupos A1 y A2, entre ellos los abogados del Estado, diplomáticos o inspectores de Hacienda-. Desde el anuncio, varias asociaciones de altos funcionarios han manifestado su rechazo, y este miércoles la tensión ha aumentado con un comunicado de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), en el que critican duramente el plan del Gobierno. Según la federación, la nueva fórmula «no garantiza la igualdad, resulta más cara tanto para los aspirantes como para las arcas públicas, y carece de transparencia». Coincidiendo con este posicionamiento, el Ejecutivo ha convocado a Fedeca a una reunión el próximo martes para recabar propuestas de mejora.
El modelo propuesto por Función Pública sustituye las oposiciones tradicionales por un sistema mixto: quienes aspiren a estos cuerpos deberán superar primero una prueba de acceso a una escuela o instituto de la Administración. Solo quienes obtengan las mejores calificaciones accederán a un máster de dos años de duración. Al finalizar esta formación, los aspirantes deberán enfrentarse a un segundo examen que determinará qué candidatos obtienen finalmente plaza como funcionarios.
En su comunicado, Fedeca sostiene que esta propuesta no mejora el acceso en términos de igualdad. Argumentan que las pruebas de acceso al máster exigirán una preparación similar a una oposición, lo que supone un esfuerzo económico y personal comparable. Además, critican que el máster añade dos años de formación, encareciendo el proceso y alargando innecesariamente los tiempos de selección.
Frente a estas críticas, el Ministerio ha defendido su intención de establecer un sistema de becas para personas con menos recursos. No obstante, desde Fedeca advierten que subvencionar estudios para muchos más candidatos de los que finalmente obtendrán plaza supone un uso ineficiente de fondos públicos y califican el nuevo modelo como «claramente peor» que el vigente.
Otro de los puntos señalados por la federación es la falta de flexibilidad del nuevo sistema. Subrayan que exigir a los aspirantes asistir físicamente al máster en una ubicación concreta encarece aún más la preparación y puede limitar la diversidad territorial en el acceso a estos cuerpos.
Fedeca también cuestiona el impacto emocional y la incertidumbre que podría generar el modelo, ya que los alumnos podrían quedar fuera por una mala evaluación en el máster, lo que no ocurre en el sistema actual. Señalan que las oposiciones tradicionales ofrecen condiciones más igualitarias: todos los aspirantes compiten desde el mismo punto de partida en cada convocatoria, sin eliminar oportunidades por errores puntuales.
Además, critican la falta de concreción del proyecto, especialmente en lo relativo a qué competencias se valorarán en el máster. Advierten también que el nuevo sistema podría comprometer la objetividad y transparencia que ofrecen las actuales oposiciones, caracterizadas por exámenes públicos y evaluaciones realizadas por tribunales independientes. Temen que el nuevo proceso abra la puerta a decisiones más arbitrarias.
Desde el Ministerio, por su parte, se insiste en el carácter innovador de la iniciativa y en que ha sido construida mediante procesos colaborativos. Función Pública afirma que continuará trabajando en la implantación del plan, teniendo en cuenta las aportaciones que reciba en los próximos encuentros, como el previsto con Fedeca la próxima semana.
(Cinco Días, 25-07-2025)
