El Real Decreto 893/2024, que reconoce el nuevo derecho de las trabajadoras del hogar a que sus empleadores evalúen los riesgos laborales, incluye varios plazos que el Ministerio de Trabajo no ha cumplido. Uno de ellos, vencido en marzo -hace ya ocho meses-, establecía que el departamento de Yolanda Díaz debía poner en marcha una plataforma de formación en prevención de riesgos para estas trabajadoras. Tampoco se ha cumplido el compromiso de elaborar un protocolo contra el acoso y la violencia laboral ni una guía técnica sobre prevención de riesgos, ambos previstos para septiembre y que aún no han sido publicados.
Estos retrasos coinciden con la entrada en vigor, desde este viernes, de la obligación para los hogares empleadores de haber realizado la evaluación de riesgos laborales, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones. La página web gratuita habilitada para esta tarea, disponible desde hace seis meses, sufrió múltiples fallos técnicos entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, aunque volvió a funcionar parcialmente hacia las 10:00 horas, con errores intermitentes.
El artículo quinto del decreto establece que las trabajadoras deben recibir formación en prevención en el momento de ser contratadas. Esta formación será única, válida para todas las personas empleadoras, y deberá centrarse en los riesgos específicos de las tareas domésticas. Además, deberá impartirse preferentemente dentro del horario laboral o, si no es posible, fuera de él con el correspondiente descanso compensatorio. Dicha formación debía desarrollarse a través de una plataforma gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), según la disposición adicional quinta del decreto.
El texto también indicaba que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) debía aprobar una resolución para regular el funcionamiento de esta plataforma en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, lo que fijaba la fecha límite en marzo. Esta herramienta debía incluir un sistema de autoevaluación y permitir la certificación de la formación, pero aún no está disponible.
Además, el decreto recogía otros compromisos pendientes. En concreto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) debía elaborar, antes de septiembre, un protocolo de actuación frente a casos de acoso y violencia en el servicio doméstico, así como una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en este ámbito. Ambos documentos debían publicarse en las webs de los ministerios de Trabajo e Igualdad y estar disponibles en las Inspecciones provinciales de Trabajo. Sin embargo, ninguno ha sido presentado todavía. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que su publicación es inminente, aunque destacan la complejidad técnica y de consenso de ambos documentos.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad asumió el compromiso de promover reconocimientos médicos gratuitos para las empleadas del hogar e incluir esta prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. No se fijó un calendario concreto para su implantación, y de momento tampoco se ha cumplido. Desde el departamento de Mónica García explican que el asunto se está abordando en el marco de la Ponencia de Salud Laboral.
Asimismo, este viernes 14 de noviembre se cumplen seis meses desde el lanzamiento de la web prevencion10.es, la herramienta gratuita y de libre acceso creada por el Ministerio de Trabajo para que los empleadores puedan cumplir con sus nuevas obligaciones legales en materia de prevención de riesgos. A partir de ahora, la realización de la autoevaluación de riesgos será obligatoria.
El incumplimiento de esta obligación -ya sea no realizar la evaluación o no informar a la trabajadora sobre las medidas preventivas adoptadas- puede considerarse una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar los 49.180 euros en los casos más severos. No obstante, el Ministerio señala que solo se aplicarán sanciones de esta magnitud en casos con agravantes; en la mayoría de los supuestos, la falta se considerará leve, con multas de hasta 2.450 euros.
(El País, 14-11-2025)
