En los últimos años, muchas economías avanzadas optaron por reducir progresivamente el impuesto de sociedades como estrategia para captar inversión y mejorar la competitividad en un entorno globalizado. No obstante, esa política, que ganó fuerza durante la crisis derivada de la pandemia, parece estar agotándose. Así lo refleja la OCDE, que confirma que en 2024, por segundo año consecutivo, más países aumentaron este impuesto que los que lo redujeron. El motivo principal, según el Informe anual sobre reformas fiscales publicado este jueves, fue reforzar los ingresos públicos.
La organización subraya que en 2024 los incrementos fueron más numerosos y de mayor magnitud que las rebajas, y que varios Estados incluso aplicaron gravámenes adicionales a los beneficios extraordinarios de las empresas para compensar el aumento del gasto público. Esto, explica, indica que la etapa de recortes en los tipos del impuesto de sociedades no solo se ha frenado, sino que empieza a revertirse.
El viraje se entiende en el marco del contexto económico: en promedio, la deuda pública de las 86 jurisdicciones analizadas ―incluida España― alcanzó en 2024 el 112% del PIB, ocho puntos por encima del nivel previo a la pandemia. A ello se añaden las crecientes necesidades de financiación ligadas a la lucha contra el cambio climático, el envejecimiento de la población y, en algunos países, el aumento del gasto en defensa.
En este escenario, los gobiernos han buscado garantizar la recaudación. Si bien se mantienen incentivos fiscales vinculados a la innovación, la I+D y las tecnologías limpias, la tendencia a la baja de los tipos nominales ha quedado atrás. Según la OCDE, el objetivo central de las últimas reformas ha sido fortalecer los ingresos públicos, aunque en paralelo muchos países también intentaron favorecer la recuperación económica, estimular la inversión privada y proteger el empleo. Este doble propósito refleja el equilibrio difícil entre la necesidad de consolidar las cuentas públicas y la obligación de impulsar el crecimiento a largo plazo.
La organización señala igualmente la aparición de impuestos específicos sobre el sector financiero y bancario, introducidos o reforzados en países como España, Bélgica, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Eslovaquia. Pese al endurecimiento general, la OCDE identifica un matiz: muchos Estados han optado por reducir la base imponible, ampliando deducciones o créditos fiscales para inversiones estratégicas (I+D, energías verdes, defensa). Con los tipos ya en mínimos históricos, la vía más habitual ha sido ofrecer ventajas selectivas en lugar de bajadas generales.
El cambio no se limita a las sociedades. La tributación sobre las personas físicas también se volvió más exigente, especialmente en los tramos altos y sobre rentas del capital. Estas medidas buscaban aumentar ingresos y reforzar la progresividad, a la vez que se introdujeron apoyos focalizados a jóvenes, familias y mayores.
Las cotizaciones sociales siguieron la misma dirección: la mayoría de países elevó tipos o amplió bases de cotización, aunque en ciertos casos se aplicaron reducciones para favorecer la incorporación de colectivos concretos al mercado laboral. En cuanto al IVA, muchos gobiernos mantuvieron tipos reducidos para productos básicos ―alimentación, vivienda, energía, salud o cuidados infantiles―, pero a medida que remitió la inflación, comenzaron a retirarse las rebajas temporales aplicadas durante la pandemia y la crisis energética, con el fin de reforzar la recaudación.
Finalmente, los impuestos especiales también ganaron protagonismo. Se incrementaron los gravámenes sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas ―buscando recaudar más y mejorar la salud pública― y se eliminaron las reducciones aplicadas a los carburantes en 2022 y 2023, retomando en 2024 la senda de subidas en los combustibles fósiles.
(El País, 15-09-2025)
