«¿Cómo es posible que más del 72% de los votantes de Junts estén a favor de la reducción de jornada y ni siquiera se va a dar la oportunidad a que se debata en el Congreso?», se cuestionó este lunes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa. Este miércoles, el Congreso decidirá si admite a trámite la propuesta de ley que busca rebajar la jornada máxima a 37,5 horas semanales. Desde los sindicatos ya asumen que lo más probable es que esta primera votación sea desfavorable y, por ello, han anunciado movilizaciones. «Vamos a mantener esta reivindicación durante toda la legislatura», advirtió el líder de CCOO, Unai Sordo.
El PP, Vox y Junts ya han confirmado que votarán en contra de la que el Gobierno ha planteado como su medida laboral estrella. Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, tratan de convencer a los posconvergentes para que retiren su enmienda a la totalidad. El viernes pasado se celebró una reunión de alto nivel, aunque sin avances relevantes. Desde Junts reconocen que en las últimas horas han mantenido contactos y videollamadas con el Ministerio, pero aseguran que «todo sigue igual». Sordo denunció que «hay grupos políticos que no quieren ni entrar en la discusión» y prefieren «esquivar» un debate que podría restarles apoyo electoral. La paradoja, según subrayó, es que esta semana una mayoría de diputados rechazará una medida que cuenta con amplio respaldo ciudadano, según reflejan los sondeos.
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) reveló en su barómetro de verano que un 72% de los votantes de Junts, un 72% de los del PP y un 66% de los de Vox están a favor de reducir la jornada sin merma salarial. «Estamos ante un fraude democrático», insistió Sordo, quien criticó que «políticos con sueldos de 100.000 euros, varias propiedades y despachos heredados voten contra una reducción que beneficiaría a la mayoría trabajadora».
UGT y CCOO han convocado movilizaciones para este miércoles en las principales ciudades, coincidiendo con el debate parlamentario. En Madrid, la protesta tendrá lugar frente al Congreso. «Esto se va a convertir en una pesadilla», advirtió Álvarez, que añadió que el objetivo es transformar la mayoría de opinión pública en mayoría social en las calle.-.
Los sindicatos piden que se abra el debate y se muestran dispuestos a aceptar cambios en el texto pactado con el Ministerio en diciembre de 2024. «No exigimos que los partidos respalden sin más nuestro acuerdo con el Gobierno», aclaró Sordo, «pero sí que expongan sus posiciones y no bloqueen la discusión». En caso de que el proyecto decaiga, las centrales sindicales reclaman a Trabajo que, en el marco de sus competencias, endurezca la normativa del registro horario para reforzar la labor de la Inspección contra las horas extra no pagadas y el exceso de jornada, incluyendo sanciones más severas para las empresas incumplidoras.
Las organizaciones empresariales, sin embargo, sostienen que esos cambios solo pueden hacerse mediante una reforma legislativa que pase por el Congreso, y han advertido que ya preparan acciones legales para recurrir cualquier intento de aprobarlos por vía reglamentaria.
(El Periódico, 09-09-2025)
