Los sindicatos UGT y CCOO, firmantes del Acuerdo Macro para una Administración del Siglo XXI, se han reunido con el ministro Óscar López en la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para evaluar la aplicación del acuerdo correspondiente al periodo 2022-2024 y destacar los puntos que aún quedan por cumplir.
Durante la reunión, los sindicatos lograron que el Gobierno se comprometiera a establecer una tasa adicional de empleo público que permita la jubilación parcial del personal laboral del sector público y facilite la creación de nuevos puestos de trabajo. Según fuentes de UGT citadas por elEconomista.es, esta tasa adicional no se incluiría dentro del porcentaje habitual de tasa de reposición, lo que posibilitaría la convocatoria de más plazas y aseguraría que los empleados que accedan a la jubilación parcial sean reemplazados.
El objetivo de esta medida es garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda beneficiarse del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre, cuya aplicación está prevista a partir del 1 de abril. Asimismo, se ha acordado modificar la normativa vigente para asegurar que este derecho se mantenga en el futuro.
Por otro lado, los sindicatos han pedido al Gobierno que apruebe «lo antes posible» la subida salarial del 0,5% que aún está pendiente, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, para el conjunto de los empleados públicos. No obstante, han señalado que todavía no se les ha dado una fecha concreta para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Además, han insistido en la necesidad de avanzar en otros compromisos incluidos en el Acuerdo Macro, como la plena implantación del modelo de clasificación profesional según el Marco Español de Cualificaciones Profesionales, la negociación de cambios normativos para desarrollar los planes de igualdad y los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la garantía de atención presencial en los servicios públicos y un plan de digitalización enfocado en las zonas con menor población o en riesgo de exclusión.
(El Economista, 25-03-2025)
