Después de meses solicitando un encuentro, los sindicatos se encontraron este lunes con un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que evitó abordar las tres principales demandas que llevan planteando los representantes de los trabajadores públicos desde finales del año pasado. A pesar de que se celebraron dos reuniones-una en la mañana con la participación de CC.OO. y UGT, y otra en la tarde con la incorporación de CSIF-el único acuerdo alcanzado fue la implementación de una tasa adicional para permitir que el personal laboral público pueda acogerse a la jubilación parcial. Sin embargo, no lograron obtener compromisos del ministerio dirigido por Óscar López para aprobar la subida salarial del 0,5% pendiente desde 2024, definir un aumento para 2025 o establecer una hoja de ruta salarial para los próximos tres años. «No quisieron entrar en nada», lamentó una fuente conocedora de la negociación.
Los tres sindicatos venían reclamando que el Gobierno atendiera con urgencia la situación de los más de tres millones de empleados públicos de las distintas Administraciones, algo que consideran debía haberse resuelto antes del cierre de 2024, cuando concluyó el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. En este pacto se establecía un esquema de incrementos salariales para el período 2022-2024, combinando aumentos fijos con otros sujetos a la evolución del IPC. El 0,5% aún pendiente corresponde a la última cláusula de revisión incluida en dicho acuerdo. «Lo único que se aprobó fue un aspecto muy técnico, pero de todo lo demás, nada», señaló la misma fuente.
La tasa adicional acordada por Función Pública con CC.OO. y UGT-únicos firmantes del anterior acuerdo marco, ya que CSIF no lo suscribió-busca solucionar uno de los inconvenientes surgidos a raíz de la normativa aprobada el pasado 18 de diciembre. Dicha norma supedita el acceso a la jubilación parcial del personal público a la contratación de un trabajador relevista con un contrato indefinido y a tiempo completo que trabaje simultáneamente con el jubilado parcial, un requisito que estaba generando dificultades a muchas Administraciones. Esta nueva tasa, explicaron los sindicatos (aunque Función Pública no emitió declaraciones tras las reuniones), no computa dentro del porcentaje de tasa de reposición-que determina cuántas plazas deben cubrirse en función de las bajas, sin atender a las necesidades reales de personal-, lo que permitirá ofertar más plazas y facilitar la entrada de los relevistas.
«Todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado», advierte la misma fuente. Según los sindicatos, el Ejecutivo pretende trasladar la presión a los partidos políticos para negociar la subida salarial de los empleados públicos a cambio de su apoyo a los presupuestos, una estrategia que en el pasado no ha dado resultados y que, a juicio de las centrales sindicales, no sería necesaria, ya que el Gobierno podría aplicar el incremento mediante un real decreto, como lo hizo en octubre de 2023 y en junio de 2024. Además, la subida del 0,5% tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, por lo que, una vez aprobada, no solo mejorará las nóminas futuras de los empleados públicos, sino que también implicará el pago de los atrasos correspondientes.
Desde CSIF, que se manifestó la semana pasada frente al Ministerio de Hacienda-responsable de avalar la subida salarial del sector público-, han señalado que, por el momento, no convocarán nuevas protestas, aunque estarán atentos a la evolución de las negociaciones. Por su parte, CC.OO. mantiene su convocatoria de movilización para el 8 de abril. Fuentes sindicales han indicado que se espera una nueva reunión para la próxima semana, aunque aún no se ha concretado la fecha exacta.
(El País, 26-03-2025)
