La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado que las comunidades autónomas podrán elegir libremente si adoptan el nuevo sistema de financiación autonómica o si prefieren continuar con el modelo actualmente vigente. Así lo trasladó la vicepresidenta primera del Gobierno a los responsables autonómicos de Hacienda durante la reunión celebrada este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que expuso la propuesta de reforma presentada la semana pasada tras el acuerdo alcanzado con ERC.
La opción de permanecer en el sistema actual no es nueva, ya que figura en la disposición transitoria tercera de la Ley de Financiación Autonómica en vigor, aprobada en 2009. Tras este encuentro -de carácter informativo y sin votación-, Montero anunció el inicio de rondas de переговорación bilateral con cada comunidad. Posteriormente se convocará un nuevo CPFF para someter la propuesta a votación, paso previo a su tramitación como ley orgánica en el Congreso. El Ejecutivo aspira a que el nuevo modelo esté aprobado este mismo año y pueda aplicarse a partir de 2027, aunque reconoce las dificultades para recabar los apoyos parlamentarios necesarios.
Desde que se dio a conocer la reforma, adelantada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, las reacciones críticas no han dejado de multiplicarse tanto desde la oposición como desde distintos gobiernos autonómicos. Muchos representantes regionales acudieron al CPFF visiblemente molestos, reprochando que el diseño del modelo se haya fraguado mediante una negociación bilateral con Cataluña, una comunidad que, además, resultaría especialmente favorecida. Al rechazo expresado por las comunidades gobernadas por el PP -once de las quince de régimen común- se han sumado también Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por ejecutivos socialistas.
A su llegada a la reunión, la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, criticó que se les pida adherirse a un acuerdo cerrado de antemano y reclamó un proceso de diálogo abierto con todas las autonomías. En una línea aún más dura, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó la propuesta como una cesión a las exigencias del independentismo catalán en busca de ventajas exclusivas.
El planteamiento del Gobierno introduce cambios sobre el modelo vigente, pero se distancia del sistema de concierto económico similar al de Euskadi y Navarra que inicialmente reclamaban los independentistas catalanes. Según Hacienda, el nuevo esquema supondría una inyección adicional de unos 21.000 millones de euros para las comunidades. De esa cantidad, alrededor de 16.000 millones procederían del aumento de la cesión del IRPF y del IVA, que pasaría del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente, mientras que el resto vendría de una mayor aportación del Estado al fondo común. Las comunidades que opten por no incorporarse al nuevo modelo renunciarían a esos recursos adicionales.
Conforme a las cifras del ministerio, todas las autonomías incrementarían los fondos recibidos a través del sistema, salvo Cantabria y Extremadura, que serían compensadas para no ver reducidos sus ingresos respecto al modelo actual. Cataluña se situaría como la segunda comunidad con mayor aumento absoluto de recursos, con unos 4.700 millones más, solo por detrás de Andalucía. Además, se beneficiaría especialmente de los nuevos ajustes propuestos, como la creación de un fondo climático orientado principalmente a las regiones mediterráneas y la posibilidad de elevar aún más el porcentaje de cesión del IVA.
Asimismo, el nuevo modelo garantizaría a Cataluña el principio de ordinalidad, de modo que mantendría la misma posición relativa entre las comunidades que más aportan y las que más reciben. Este punto, considerado irrenunciable por ERC, ha generado un rechazo frontal en otras autonomías, que sostienen que no se aplicaría de forma equitativa y que entra en conflicto con el principio de solidaridad del sistema. «La ordinalidad es incompatible con la igualdad», sentenció el consejero de Castilla-La Mancha antes del inicio de la reunión.
(El País, 15-01-2026)
