Sumar quiere cerrar el curso político enviando un mensaje contundente al electorado progresista: la legislatura continúa y para demostrarlo es necesario reactivar la agenda social. Tras un año complicado, marcado por denuncias de acoso que han salpicado a figuras como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, pero sobre todo por escándalos de corrupción vinculados a antiguos altos cargos socialistas que han mermado la confianza en el Ejecutivo, el grupo liderado por Yolanda Díaz busca mostrar que el Gobierno sigue en marcha y que lo hace gracias a su empuje.
En los últimos días, los ministerios de Trabajo y Hacienda han intensificado sus contactos con la intención de llevar al Consejo de Ministros del martes -el último antes del receso estival- un decreto sobre nuevos permisos laborales. Aunque desde el PSOE intentan rebajar las expectativas, la aprobación de esta medida, que contempla desde la ampliación de los permisos por nacimiento hasta la remuneración de ciertos permisos de conciliación, supondría un respiro para Sumar y para la propia Díaz. Esta última decidió finalmente no llevar en julio al Congreso la votación sobre la reducción de la jornada laboral, a pesar de haberlo anunciado.
El fracaso del decreto energético ya supuso un varapalo importante para el Gobierno, justo en un momento en el que Pedro Sánchez trata de reconstruir su frágil mayoría parlamentaria. Si a eso se sumara el bloqueo de la reforma estrella de Sumar por la falta de apoyo de Junts, el golpe para el socio minoritario de la coalición sería devastador, ya que esta medida representa uno de sus principales pilares programáticos.
Tras posponer la votación sobre la jornada laboral, el equipo de Díaz ha redirigido su atención al decreto sobre permisos, que genera reticencias en algunas carteras socialistas. Esta normativa incluye tres medidas clave: la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas para ambos progenitores; el aumento de los permisos para familias monomarentales hasta las 34 semanas (actualmente fijadas en 26); y la remuneración de cuatro de las ocho semanas de permiso por cuidado de hijos, que ya fueron aprobadas en la legislatura anterior pero sin retribución económica. Este último punto es especialmente urgente, ya que España fue sancionada por la Comisión Europea con 9.000 euros diarios por no cumplir con la directiva que exige el pago parcial de estos permisos.
Sumar ha puesto el foco en esta última medida, aunque su objetivo es avanzar en los tres frentes antes del receso parlamentario. Con ello, pretenden demostrar que la presencia de fuerzas progresistas en el Gobierno tiene resultados concretos, incluso en una legislatura sin Presupuestos. «¿Se puede gobernar sin Presupuestos? Por supuesto que sí», afirmó Yolanda Díaz este jueves en una entrevista en la Cadena SER, donde también destacó el récord histórico en empleo, con más de 22 millones de personas ocupadas y la tasa de paro más baja desde 2007 (10,29%).
Aun así, los buenos datos económicos no logran disipar las dificultades políticas. Cuando Trabajo anunció el aplazamiento de la votación sobre la jornada laboral, los sindicatos manifestaron su descontento en un comunicado conjunto, calificando la decisión como un «retraso injustificado» del trámite legislativo. A pesar de ello, Díaz sigue presionando y reiteró en la SER que, aunque la reforma no salga adelante en el Congreso, su ministerio pondrá en marcha el reglamento sobre el registro horario. Esta parte de la normativa es la que más preocupa a las organizaciones empresariales, debido a su posible impacto económico al limitar las horas extra no pagadas que se realizan en España.
Otra medida impulsada por el Ministerio de Trabajo que ha cobrado protagonismo en los últimos días, aunque con un futuro incierto, es el nuevo estatuto del becario. Esta semana, Díaz logró el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, paso necesario antes de llevar el texto al Consejo de Ministros. No obstante, todo apunta a que no se abordará en el gabinete hasta septiembre, y posteriormente enfrentará un proceso parlamentario complicado.
Hace dos años, cuando se alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre este tema, varios socios del Ejecutivo, tanto del ala progresista como del ala conservadora, expresaron su rechazo a la propuesta. Las medidas principales del texto son la limitación de las prácticas extracurriculares -las más expuestas a la precariedad- y la compensación de los gastos en los que incurran los estudiantes (aunque no se exige una remuneración, sí se obliga a cubrir costes como el transporte). La propuesta también fue criticada por las patronales y por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que alertaron sobre el riesgo que representaba para el funcionamiento de muchas prácticas formativas.
El equipo de Díaz insiste en que no se introducirán cambios sustanciales respecto al texto pactado con los sindicatos, pese a que desde el ala socialista del Ejecutivo se consideraba en su momento una propuesta inmadura y carente de desarrollo técnico. Como ha ocurrido con otras normas, si no se logra consenso suficiente, el estatuto del becario podría quedar paralizado en el Congreso indefinidamente.
(El País, 25-07-2025)
