El Gobierno está evaluando la posibilidad de anular las reformas legales que, presuntamente, fueron modificadas por el exministro Cristóbal Montoro en beneficio de su despacho privado, Equipo Económico, a cambio de compensaciones económicas. Pedro Sánchez ha confirmado que el Ejecutivo llevará a cabo un «análisis exhaustivo» y que ya trabaja en «revertir» los efectos de dichas reformas. El presidente se pronunció sobre este asunto durante una charla informal con periodistas en su regreso de la gira por América Latina, según ha informado la agencia EFE. Fuentes del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, han señalado que se está analizando hasta qué punto estos cambios normativos pueden deshacerse.
La atención se centra, en concreto, en determinadas exenciones fiscales incluidas en el impuesto sobre la electricidad y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según la investigación judicial, estas medidas respondieron a demandas formuladas por empresas fabricantes de gases industriales y medicinales, con las que presuntamente se pactaron estos beneficios fiscales. Ambas disposiciones siguen vigentes en la actualidad. Como reacción inicial al escándalo, el Ministerio de Hacienda destituyó a dos altos funcionarios imputados que seguían formando parte de su estructura.
Sánchez ha aprovechado este caso para marcar diferencias entre modelos de gobernanza. En su intervención del pasado martes en Montevideo, recalcó que su Ejecutivo actúa con «autonomía política» frente a intereses privados, en contraste con anteriores gobiernos. Subrayó que en el pasado se legislaba a medida de intereses particulares -«con nombre y apellidos», dijo-, mientras que ahora se trabaja en favor del conjunto de la ciudadanía.
La intención de revisar y posiblemente derogar las rebajas fiscales introducidas bajo el mandato de Montoro encaja en esa estrategia de contraste entre el actual Gobierno y el del Partido Popular, y en la defensa de una acción política libre de presiones empresariales. Desde el PSOE, además, se acusa al PP de Alberto Núñez Feijóo de proteger a grandes corporaciones por su oposición a impuestos extraordinarios a bancos y energéticas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
Más allá de las medidas en favor del sector del gas, fuentes socialistas apuntan a que podrían revelarse actuaciones similares en otros ámbitos. «Van a salir muchas cosas, y muy graves», advierten desde la dirección del partido. El propio presidente ha hablado de una «corrupción estructural y sistemática».
Una de las disposiciones en el punto de mira es la reducción del 85% en el impuesto especial sobre la electricidad para determinadas industrias intensivas en consumo eléctrico. Esta medida se recoge en el artículo 98 de la Ley 28/2014, que define las condiciones para acceder a dicha bonificación, vinculadas al coste del producto y al peso del consumo eléctrico en su fabricación.
La otra medida cuestionada es una modificación del IAE, que introdujo un nuevo epígrafe fiscal específico para la «fabricación de productos químicos inorgánicos», lo que permitió a las empresas del sector reducir su carga tributaria municipal en los municipios donde operan.
La investigación judicial ha revelado que empresas líderes del sector, como Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos -todas integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)-, contrataron los servicios del despacho de Montoro en dos ocasiones con el objetivo de lograr beneficios fiscales mediante sus conexiones en el Ejecutivo.
Según el sumario, estas compañías pagaron en conjunto cerca de 780.000 euros a Equipo Económico, logrando en 2014 ser incluidas en las reducciones fiscales del impuesto sobre la electricidad, lo que supuso un ahorro anual de unos 59 millones de euros para el sector. En 2018, también habrían conseguido rebajas en el IAE. Las pruebas muestran que estos pagos superaban notablemente lo que solían abonar a otras consultoras, y que la postura de Hacienda cambió sustancialmente a favor del sector tras contratar al despacho fundado por el exministro.
La instrucción del denominado caso Montoro se centra actualmente en las relaciones del bufete con las empresas gasistas, siendo este el ámbito donde los investigadores han hallado mayores indicios, basados en numerosos intercambios de correos electrónicos entre las partes implicadas. Sin embargo, no se descarta que el caso se amplíe a otros sectores, en los que también podría haberse influido en reformas legales tras pagos al mismo despacho, especialmente en el contexto de la reforma eléctrica impulsada por el primer gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica.
(El Periódico, 25-07-2025)
