El debate sobre la viabilidad futura de las pensiones no es nuevo, ni en España ni en otras economías desarrolladas. Tampoco lo es la larga lista de factores que lo explican, sus posibles consecuencias o las soluciones que se han puesto sobre la mesa en los últimos años. La novedad reside más bien en las proyecciones y cálculos que ahora se realizan. En este sentido, la consultora británica Oxford Economics ha diseñado un modelo que estima el impacto de elevar un año la edad de jubilación en toda la eurozona. Según sus cálculos, esa medida reduciría la deuda pública del área en 14 puntos del PIB, mientras que en el caso de España el recorte alcanzaría un 25% del PIB en tres décadas.
Actualmente, en España la jubilación ordinaria se alcanza a los 65 años si se han cotizado 38 años o más, o a los 66 años y seis meses si la carrera laboral es inferior. De forma gradual, la edad legal aumentará hasta 2027: será de 65 años para quienes acrediten 38 años y medio de cotización, y de 67 años para quienes tengan menos.
En paralelo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente un informe en el que planteaba vincular la esperanza de vida a la edad de jubilación como fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema. Su propuesta se inspira en otros países: aumentar la edad de retiro en dos tercios del incremento de la esperanza de vida, de manera que se mantenga la proporción entre años trabajados y años cobrando pensión. Con las proyecciones del INE, tomando como referencia 2027 (cuando la edad legal será de 67 años), en 2047 habría que retrasarla hasta los 68 años y en 2061 hasta los 68 años y medio.
Los analistas de Oxford Economics, Riccardo Marcelli Fabiani y Paolo Grignani, subrayan que el envejecimiento de la población europea agrava la presión sobre las cuentas públicas: no solo aumenta el gasto social, sino que reduce la base de contribuyentes. A ello se suma el mayor gasto en defensa previsto en los próximos años y un escenario de crecimiento débil e inflación contenida, lo que limita la capacidad de financiar el gasto adicional mediante deuda.
En este contexto, las pensiones se perfilan como uno de los capítulos más pesados del gasto público. De hecho, incluso antes de que el impacto demográfico sea pleno, ya absorben más del 20% del gasto total en la eurozona desde la crisis financiera. Para España, Fedea calcula que en 2050 el desembolso en pensiones alcanzará el 17,1% del PIB, una décima más de lo que prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Solo en septiembre de 2025, el gasto en pensiones fue de 13.638 millones de euros, un 6,09% más que en el mismo mes del año anterior.
El problema es conocido: cualquier reforma que implique retrasar la jubilación o reducir beneficios resulta impopular y políticamente costosa. Oxford recuerda los ejemplos de Francia, donde las reformas han generado fuertes protestas sociales, o de Italia, donde el gobierno estudia frenar la vinculación automática de la jubilación a la esperanza de vida, comprometiendo la estabilidad fiscal.
Los autores del informe señalan que este dilema incentiva a los políticos a no actuar y mantener intactos los derechos adquiridos, ya que los votantes suelen rechazar tanto los recortes de pensiones como las subidas de impuestos, sin valorar su efecto positivo en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Aun así, destacan que varios países ya han tomado medidas o tienen previsto hacerlo. Su modelo sugiere que, en un contexto donde las pensiones permiten a los jubilados entre 66 y 75 años disfrutar de ingresos superiores a la media en países como Francia, Italia, España, Portugal o Grecia, el desequilibrio para las finanzas públicas resulta evidente y creciente en buena parte de la eurozona.
(El Economista, 03-10-2025)
