El Consejo de Ministros debatirá este martes una condonación parcial de la deuda para las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. Ante esta iniciativa, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció que su grupo, Sumar, ha enviado observaciones críticas a la medida al socio mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, que además dirige el Ministerio de Hacienda.
En una entrevista en Televisión Española, Díaz explicó: «Hemos planteado objeciones a este acuerdo de condonación porque consideramos prioritario evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas.» Según ella, se están perdonando deudas a territorios que luego reducen significativamente sus impuestos, lo cual -sostiene- impacta negativamente en los servicios públicos. Aunque no mencionó ninguna región en concreto, Díaz ha criticado repetidamente a la Comunidad de Madrid por su política fiscal, a la que considera un ejemplo claro de competencia desleal entre territorios.
Díaz calificó la medida de condonación como «moderada» y lamentó que, hasta ahora, el PSOE no haya respondido a las observaciones presentadas por Sumar. Fuentes de su partido explicaron los detalles de la propuesta alternativa: Sumar plantea que la condonación de deuda esté sujeta a que las comunidades no apliquen rebajas en los impuestos de sucesiones y patrimonio. El objetivo, dicen, es evitar que la reducción de ingresos fiscales afecte la estabilidad financiera a largo plazo.
Estos dos tributos -el de sucesiones y donaciones, y el de patrimonio- son de carácter estatal, pero su gestión y recaudación han sido delegadas a las comunidades autónomas, que pueden modificarlos e incluso eliminarlos de facto. Madrid ha liderado esa tendencia, a la que se han unido otras regiones como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Por ahora, Sumar no ha definido cuál será su posición cuando la propuesta del Gobierno llegue al Parlamento tras pasar por el Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas señalan que lo habitual sería plantear enmiendas durante la tramitación parlamentaria, ya que la medida necesita el respaldo del Congreso para ser aprobada. Desde el grupo de Díaz también han trasladado al PSOE la necesidad de crear mecanismos adicionales que alivien la deuda de las comunidades más endeudadas. Para ello, proponen un sistema de reestructuración de la deuda restante, con el fin de reforzar la sostenibilidad financiera a nivel autonómico.
En su entrevista, Díaz sí hizo referencia directa a una comunidad: la Comunidad Valenciana, a la que considera la más infrafinanciada. En ese sentido, Sumar propone la creación de un cuarto tramo de condonación, por valor de 7.000 millones de euros, destinado específicamente a cubrir los costes derivados del episodio de lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024.
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó la semana pasada que este martes se aprobará el proyecto de ley para condonar una parte de la deuda autonómica. El Estado prevé asumir alrededor de 83.000 millones de euros correspondientes a comunidades del régimen común, dejando fuera a Euskadi y Navarra, que cuentan con un sistema fiscal propio. «Nunca antes una administración había asumido una deuda de 85.000 millones», destacó Montero.
Esta condonación fue pactada en 2023 entre el PSOE y ERC como parte del acuerdo para facilitar la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dos años después, ERC ha vuelto a impulsar esta medida en el marco de las negociaciones para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sumando otras demandas como un modelo de financiación singular para Cataluña.
Según el plan del Ministerio de Hacienda, la condonación total alcanzaría los 83.252 millones de euros, aunque el reparto entre comunidades no es igualitario. Andalucía lidera la lista con 18.791 millones, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones. Madrid, que no recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), también figura entre las más beneficiadas con 8.644 millones.
En un segundo grupo se sitúan Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Con cifras más bajas aparecen Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Asturias (1.508), Cantabria (809) y La Rioja, que cierra la lista con 448 millones de euros.
(El País, 02-09-2025)
