La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que en octubre reunirá a sindicatos y patronal para abrir la negociación sobre la implantación del llamado despido restaurativo, cuyo objetivo es que las indemnizaciones por despidos improcedentes sean suficientes para resarcir al trabajador y, al mismo tiempo, actúen como elemento disuasorio para las empresas. El Ministerio de Trabajo pretende aprobar esta medida tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica el actual sistema de indemnización tasada y descarta que los jueces puedan incrementar las compensaciones por esta vía, defendiendo así la seguridad jurídica del modelo vigente.
El anuncio llegó apenas unas horas después de que el Congreso respaldara -por un estrecho margen- la proposición no de ley de Sumar para reformar el despido improcedente. Yolanda Díaz, durante unas jornadas de UGT sobre prevención de riesgos laborales, confirmó que convocará en breve a la mesa de diálogo social para debatir la reforma. Recordó que la mayoría parlamentaria ya se ha pronunciado a favor y subrayó la urgencia de poner en marcha las negociaciones.
La votación en la Cámara Baja, sin embargo, estuvo marcada por un hecho curioso: el apoyo de un diputado del PP por error, lo que inclinó la balanza a favor de la propuesta con 171 votos frente a 170. El texto recibió el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro José Luis Ábalos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, además del voto equivocado del parlamentario popular. En contra se situaron PP, Vox y UPN, mientras que Junts optó por la abstención. De este modo, el posicionamiento de la formación de Carles Puigdemont será clave en un futuro debate legislativo que pueda suponer un incremento real de las indemnizaciones y, en consecuencia, de los costes empresariales en caso de despidos.
Con este movimiento, Díaz acelera su agenda tras la aprobación la semana pasada del nuevo reglamento de registro horario, y después del revés parlamentario sufrido con la propuesta de reducción de jornada, tumbada por Junts, PP y Vox. El despido restaurativo figura, junto con la jornada de 37,5 horas, entre los principales compromisos legislativos que la vicepresidenta quiere sacar adelante antes del final de la legislatura.
El planteamiento implica revisar el sistema de indemnización actual, de cuantías tasadas, para que se convierta en un mecanismo realmente reparador para el trabajador y con capacidad de desalentar prácticas empresariales abusivas. La cuestión cobra especial relevancia tras las sentencias del Supremo de diciembre y julio, que validan el modelo vigente por aportar objetividad y previsibilidad a ambas partes en un despido improcedente, pero que entran en conflicto con los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Este organismo, a raíz de denuncias de UGT y CCOO, ha advertido de que las compensaciones españolas son insuficientes y no tienen un verdadero efecto disuasorio. Incluso llega a señalar que, en ocasiones, funcionan como incentivo para las empresas a la hora de reducir plantillas. Por ello, exige a España cumplir con el artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho a una compensación adecuada o reparación justa en caso de despido injustificado.
El problema radica en que los dictámenes del CEDS no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, la ratificación íntegra de la Carta Social Europea por parte del Congreso en 2021 y el posterior dictamen del Consejo de Estado han abierto la puerta a que esos pronunciamientos tengan un peso normativo en nuestro ordenamiento. Ese será, precisamente, uno de los puntos más delicados en la negociación que ahora arranca el Ministerio de Trabajo.
(Expansión, 19-09-2025)
