Este órgano colegiado se enmarca dentro de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y su función principal será evaluar el objetivo central de la reforma laboral: las medidas implementadas para disminuir la temporalidad en el mercado de trabajo español, que cerró 2024 con un 12% de empleo temporal y con un 42% de los contratos firmados de carácter indefinido.
Por tanto, los expertos no abordarán aspectos secundarios que han generado controversia y críticas hacia el Gobierno, acusaciones que apuntan a un supuesto «maquillaje» estadístico -especialmente desde el PP-, como es el caso del aumento de contratos fijos discontinuos tras la reforma laboral.
Fuentes de la Comisión citadas por Expansión descartan que el trabajo de este grupo esté influido por la polémica en torno a los fijos discontinuos. El debate se centra en cómo contabilizar a los trabajadores con este tipo de contrato que actualmente están inactivos: no figuran como afiliados a la Seguridad Social, pero tampoco se registran como desempleados. Los expertos consideran que la categoría más adecuada para aproximar esta realidad es la de «demandantes de empleo con relación laboral», donde se agrupan principalmente los fijos discontinuos en paro. Según los últimos datos del SEPE, correspondientes a marzo, este grupo suma 668.320 personas.
El propósito, por tanto, es cumplir con lo pactado con Bruselas. Aunque el análisis debía haberse iniciado en enero de este año, el Gobierno prevé que los trabajos concluyan en enero de 2026. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que ya en octubre se dispondrá de un primer borrador con las conclusiones preliminares.
La labor de esta Comisión de expertos está definida en la disposición adicional vigesimocuarta incorporada a la reforma laboral, que establece que el Gobierno deberá realizar una evaluación de los resultados mediante el análisis de los datos sobre contratación temporal e indefinida en enero de 2025. Además, deberá publicar oficialmente la tasa de temporalidad general y por sectores, repitiendo este ejercicio cada dos años.
Fuentes de la Comisión explican que el análisis de los expertos se limitará a esta tasa de temporalidad porque así lo exige el componente 23 del plan comprometido con la Comisión Europea, vinculado a la recepción de fondos europeos. Además, el informe no incluirá temas paralelos que puedan complicar su validación por parte de Bruselas. Es decir, se abordará únicamente lo necesario para cumplir con los compromisos sin dar lugar a posibles sanciones o cuestionamientos por parte de la Comisión.
En este contexto, Yolanda Díaz ha subrayado que el debate sobre los fijos discontinuos carece de fundamento, ya que la reforma laboral no modificó el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores que regula este tipo de contratos. Además, recordó que el método de contabilización de estos trabajadores se mantiene intacto desde hace tres décadas y depende de los servicios públicos de empleo autonómicos.
Desde el Ministerio de Trabajo también se apunta que las conclusiones del informe podrían derivar en recomendaciones para modificar algunos aspectos de la reforma laboral. Cualquier cambio sería objeto de negociación en la mesa de diálogo social. Díaz recalcó que la reforma laboral de 2021 es la única de gran calado que ha sido consensuada con empresarios y sindicatos.
Finalmente, la ley establece que si la evaluación demuestra que no se ha avanzado en la reducción de la temporalidad -ya sea de forma general o sectorial-, el Gobierno deberá presentar propuestas adicionales en la mesa de diálogo social para su debate y posible acuerdo con los agentes sociales.
(Expansión, 02-05-2025)
