El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha respaldado la reclamación de CC OO contra el sistema español de indemnización por despido improcedente. Este organismo, dependiente del Consejo de Europa, ha determinado que España incumple la sección b) del artículo 24 de la Carta Social Europea, que garantiza a los trabajadores despedidos sin causa justificada el derecho a una indemnización adecuada o a una compensación apropiada. Aunque tanto el Gobierno como el sindicato liderado por Unai Sordo ya tienen conocimiento del dictamen, no pueden pronunciarse al respecto debido a que la resolución está bajo embargo. Será hasta junio cuando se haga pública oficialmente y puedan abordar el tema. Una vez publicado el fallo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que convocarán a los agentes sociales para discutir una reforma que los sindicatos consideran necesaria, pero que las patronales rechazan de manera contundente.
«Debemos esperar a que la resolución sea pública», ha señalado Pérez Rey en la rueda de prensa sobre los datos de paro y afiliación. Ha pedido paciencia, ya que considera fundamental analizar el contenido del dictamen en relación con la readmisión y los salarios de tramitación, aspectos que, según él, el Gobierno deberá tomar en cuenta en una eventual reforma. La resolución del CEDS se sumará a la ya conocida tras la reclamación presentada por UGT, en la que también se concluyó que el sistema español de despido, basado en compensaciones tasadas por días trabajados, no cumple los estándares europeos, ya que genera indemnizaciones elevadas para los empleados con más antigüedad y muy reducidas para aquellos con contratos más cortos.
«No cabe duda de que Europa considera que el modelo de despido en España presenta deficiencias. No diría que está sentenciado, pero no se ajusta a la Carta Social Europea. Este Gobierno tiene un compromiso firmado», ha afirmado Pérez Rey, en referencia a la ratificación de la Carta en 2021. Además, ha subrayado que la interpretación del CEDS es vinculante para los Estados que han suscrito el documento. Sin embargo, su postura contrasta con la del Ministerio de Economía, que considera que España ya cumple con la Carta y no ve necesario modificar el sistema de indemnización. «Cumpliremos estrictamente los tratados internacionales que hemos firmado. Está reflejado en el acuerdo de coalición y es un compromiso tanto del PSOE como de Sumar», ha insistido el número dos del Ministerio de Trabajo.
Pérez Rey ha añadido que, una vez se conozca el contenido detallado de la resolución de CC OO, se llevará a cabo un análisis técnico exhaustivo para determinar las implicaciones de esta y de la dictada previamente en respuesta a UGT. «Abriremos la mesa de diálogo social», ha afirmado, estimando que la resolución se hará pública en junio. No obstante, ha reconocido que el Gobierno ya está estudiando detenidamente ambas resoluciones y que trazará una hoja de ruta para abordar la situación.
El secretario de Estado también se ha referido a otros proyectos de su ministerio, como la negociación para la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. Aunque no ha dado detalles, ha señalado que la primera reunión con los agentes sociales fue solo una toma de contacto. Según ha podido saber este medio, en dicho encuentro el Ministerio de Trabajo expresó su intención de automatizar las futuras subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), una propuesta que ha generado el rechazo de las patronales.
Asimismo, Pérez Rey ha hablado sobre la reducción de jornada, medida que ya ha sido aprobada en primera instancia por el Consejo de Ministros y que debe recibir una segunda luz verde antes de pasar al trámite parlamentario. Ha explicado que se están realizando ajustes técnicos en base a las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) y ha asegurado que el texto se llevará nuevamente al Consejo de Ministros «en la menor brevedad posible».
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abordado en una entrevista con Radio Nacional de España la necesidad de reformar el contrato a tiempo parcial y la regulación de las horas extraordinarias y complementarias, aspectos que afectan principalmente al empleo femenino. Como en ocasiones anteriores, se ha mostrado favorable a modificar el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este tipo de contratos, y ha denunciado la precariedad laboral en el sector del comercio.
«El ajuste se hace con las mujeres», ha declarado Díaz, señalando que, en el sector comercial, ni siquiera en las grandes multinacionales hay trabajadoras con contratos a jornada completa. En su lugar, los contratos suelen ser de 30 horas semanales y se completan con horas extra, una práctica que, según la ministra, enmascara jornadas laborales completas. «Esto debe corregirse, y este mecanismo de las horas extraordinarias y complementarias, que actúa como un acordeón, debe ser revisado», ha concluido.
(El País, 03-04-2025)
