El Ministerio de Trabajo analiza una posible reforma de los despidos improcedentes, partiendo de la idea de que el actual sistema de indemnizaciones fijas no cumple con un efecto disuasorio para las empresas ni compensa adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores afectados.
Pese a la evidente debilidad del Gobierno de coalición, que le ha dificultado la aprobación de sus principales reformas y proyectos normativos, la intención de agotar la legislatura le impulsa a mantener abiertas negociaciones que le permitan avanzar en su agenda política. Ese impulso, liderado especialmente por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz -muy activa en la promoción de reformas laborales-, se traduce ahora en la apertura de una nueva mesa de diálogo con los agentes sociales para debatir un posible endurecimiento de los despidos improcedentes en España.
Esta iniciativa supone una segunda prueba para la ministra de Trabajo tras el revés sufrido con la reducción de la jornada laboral -que intentó compensar mediante la aprobación del nuevo y más estricto reglamento de control horario-. No obstante, tanto la complejidad del tema como el contexto parlamentario actual dificultan la posibilidad de materializar una reforma legislativa de calado.
En dicha mesa de diálogo, que reunirá a las patronales CEOE y Cepyme junto con los sindicatos UGT y CCOO, se pretende definir medidas que adapten la actual normativa de indemnización -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- a lo establecido en la Carta Social Europea. Concretamente, al artículo 24, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a recibir una compensación adecuada o una reparación apropiada.
Las denuncias que UGT y CCOO presentaron en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se apoyan en la presunta vulneración de dicho artículo. Ambas fueron resueltas en 2024 y 2025, con pronunciamientos contrarios a la legislación española. El Comité consideró que el actual sistema de indemnización no repara debidamente los perjuicios sufridos por los trabajadores ni disuade a las empresas de realizar despidos injustificados, instando al Gobierno a emprender reformas legales.
Atendiendo a esta recomendación, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha recogido el guante para impulsar una reforma que incremente la protección de los trabajadores y eleve el coste de los despidos improcedentes, con el objetivo de que resulten más compensatorios y disuasorios.
Sin embargo, tanto los expertos como los agentes sociales advierten de la dificultad de concretar estos principios en la legislación vigente. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo -que rechaza la posibilidad de elevar las indemnizaciones por vía judicial- complica aún más la negociación. Cabe recordar que, en los últimos años, varios tribunales habían dictado indemnizaciones superiores basándose en la Carta Social y en las circunstancias particulares de cada caso.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado públicamente la decisión del Supremo, destacando la seguridad jurídica que proporciona el actual sistema tanto para las empresas como para los trabajadores. En la misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que endurecer las condiciones de despido podría aumentar la rigidez del mercado laboral en un contexto de incertidumbre global, dificultando posibles ajustes de plantilla y poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas.
(Expansión, 20-10-2025)
