El importe máximo y mínimo de las prestaciones por desempleo depende de la situación familiar de la persona beneficiaria. La cuantía varía según el número de hijos menores de 26 años (o mayores con discapacidad) a su cargo y de los ingresos que estos perciban. Entre esos ingresos pueden incluirse las pensiones alimenticias, es decir, los pagos que realiza un progenitor tras un divorcio al encargado del cuidado del menor. Dado que, en la mayoría de los casos, esta persona es una mujer, dichas pensiones suelen reducir el importe máximo que pueden recibir en la prestación contributiva por hijo a cargo.
Ante esta situación, Yolanda Díaz ha anunciado en el Senado su intención de eliminar esta «discriminación» mediante una reforma legislativa, de forma que las pensiones alimenticias dejen de tenerse en cuenta en el cálculo de la prestación por desempleo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reconoció que existe una «penalización» hacia las mujeres que perciben simultáneamente la prestación por desempleo y una pensión de alimentos. «Se trata de una discriminación indirecta. Vamos a poner en marcha de inmediato la reforma legal y espero contar con el apoyo del PP», señaló Díaz durante su intervención en la Cámara Alta, en respuesta a las críticas por los problemas de gestión en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El Ministerio aclaró posteriormente que la medida afectará únicamente a las prestaciones contributivas -las generadas por cotización- y no al subsidio por desempleo, que se concede en casos concretos cuando se han agotado las primeras. En palabras del departamento, «las pensiones de alimentos, que en su mayoría perciben las mujeres, dejarán de computar para determinar el tope de la prestación contributiva por hijo a cargo, independientemente de que el menor reciba o no esa pensión».
Para que la propuesta se haga efectiva, será necesario el visto bueno del Parlamento. Cabe recordar que hace apenas un mes el Congreso rechazó la principal reforma laboral impulsada por el Ministerio -la reducción de la jornada a 37 horas y media-, aunque sí aprobó la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado a 19 semanas.
En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha centrado su acción en medidas que puede aprobar por decreto. La más avanzada es el refuerzo del registro horario, que ya ha superado la fase de consulta pública y ha sido declarado urgente por el Consejo de Ministros, aunque todavía no se ha presentado el texto definitivo. La previsión es que el nuevo sistema, de carácter digital e interoperable, entre en vigor a comienzos de 2026 y permita a la Inspección de Trabajo acceder directamente a los datos.
Otra de las iniciativas que Díaz puede sacar adelante sin apoyo parlamentario es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La semana pasada presentó al comité de expertos que deberá recomendar una nueva cifra, ajustada al 60% del salario medio neto. Además, les ha pedido que propongan dos valores: uno libre de impuestos y otro sujeto a tributación, anticipándose al debate con Hacienda. Díaz ha insistido en que prefiere un SMI exento de IRPF, aunque se prepara para la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, defienda lo contrario.
Durante la sesión en el Senado, la senadora del PP Teresa Ruiz acusó a Díaz de ser «una mala ministra y una mala empleadora» con los trabajadores del SEPE, denunciando el colapso en las oficinas, la falta de personal, los problemas con la aplicación Alma, que costó 20 millones de euros, y las dificultades para conseguir cita previa, incluyendo casos en los que se han detectado ventas ilegales de citas por entre 15 y 35 euros. «¿Qué investigación interna ha ordenado para frenar esta situación?», preguntó Ruiz.
Díaz reconoció que se han producido algunos casos y confirmó que ya hay detenidos por estas prácticas. Asimismo, defendió la gestión del SEPE y negó que exista un colapso: «No es cierto. Afirmo rotundamente que el SEPE no está colapsado». La ministra también recordó los recortes aplicados por el PP en el organismo y en las políticas de protección al desempleo, calificando de «broma» que el principal partido de la oposición acuse al actual Gobierno de recortar recursos en este ámbito.
(El País, 08-10-2025)
