El Gobierno intensificará la presión sobre las empresas para garantizar el cumplimiento del horario laboral y evitar el exceso de horas extra. En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, informó ayer a los representantes de la patronal y los sindicatos sobre su propuesta para alcanzar este propósito: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso directo, incluso de forma remota, al registro horario de las empresas con más de 50 empleados, con el fin de combatir el fraude en la observancia de la jornada laboral y mitigar el abuso en la utilización de horas extra.
Pérez Rey realizó este anuncio durante una nueva sesión del diálogo social para reducir la semana laboral de 40 a 37,5 horas por ley para el año 2025. Se estima que esta medida beneficiará a unos 12 millones de trabajadores.
El secretario de Estado destacó la necesidad de que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente al registro de las empresas para evitar posibles manipulaciones por parte del empleador u otras partes interesadas. De esta manera, el Ministerio de Trabajo busca asegurar la integridad, transparencia y control de la jornada laboral en las empresas. Asimismo, el Gobierno planea reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores o introducir un nuevo artículo 34 bis para reducir la jornada de forma progresiva: hasta 38,5 horas para 2024, con el objetivo final de alcanzar las 37,5 horas en 2025.
El responsable de Trabajo subrayó que España tiene compromisos pendientes con la Unión Europea, especialmente con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuanto a la accesibilidad, fiabilidad y transparencia del registro horario. Por lo tanto, se han trasladado a los interlocutores sociales los requisitos necesarios para cumplir con estas exigencias derivadas de la Unión Europea.
Además, se plantea fortalecer las sanciones a las empresas por el incumplimiento del horario laboral, con el objetivo de que sean efectivas y lo suficientemente disuasorias. Se estudiará la posibilidad de que las sanciones se impongan por cada trabajador afectado, multiplicando la cuantía máxima por el número de empleados que excedan el horario laboral y el límite legal de horas extra anuales, que actualmente es de ochenta horas.
En cuanto a la reducción de la jornada, se garantizará un cómputo anual para asegurar la flexibilidad en su aplicación tanto para empleadores como para trabajadores. Esto implica dos referencias en la ley: la jornada semanal y la jornada anual, ya que muchos convenios colectivos contemplan esta última. Esta medida responde a una demanda de los empresarios para otorgar mayor flexibilidad a las empresas. El Gobierno enviará en los próximos días una propuesta por escrito sobre la reducción de la jornada laboral a la patronal y los sindicatos, con el objetivo de centrar la negociación.
(Cinco Días, 20-02-2024)
