El sindicato UGT ha remitido un escrito al Consejo de Europa solicitando que presione al Gobierno español para que refuerce de manera urgente la legislación sobre el despido. Hace más de un año, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya determinó que España no cumple adecuadamente con la normativa europea en esta materia, al no ofrecer suficiente protección a los trabajadores despedidos. Posteriormente, en noviembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea emitió una recomendación instando a España a tomar medidas para endurecer el despido. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo español, a pesar de sus compromisos públicos, no ha modificado la legislación vigente.
Por este motivo, UGT ha vuelto a dirigirse a las autoridades europeas -según un documento al que ha accedido El Periódico- para recordarles los dos pronunciamientos anteriores que avalan su postura, y pedir que se incremente la presión sobre el Gobierno para que actúe. El sindicato considera que es imprescindible reformar tres aspectos clave del despido improcedente. Primero, reclama que se restablezca el derecho a los salarios de tramitación, lo que obligaría a las empresas a abonar los sueldos correspondientes desde la fecha del despido hasta que un juez declare su improcedencia.
En segundo lugar, UGT propone que la decisión sobre si un trabajador despedido debe ser reincorporado no dependa del empresario, como ocurre actualmente, sino que sea el propio trabajador quien tenga la última palabra en caso de despido improcedente.
Y en tercer lugar, el sindicato solicita que se aumente la cuantía de la indemnización por despido improcedente, actualmente fijada en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La última reforma en este sentido se produjo en 2012, durante el gobierno del Partido Popular, que redujo las indemnizaciones desde los 45 días por año previos.
«Para que España se ajuste a la Carta Social Europea, es necesario modificar la actual normativa sobre despido improcedente para que, en los casos de ceses injustificados, la persona afectada reciba los salarios de tramitación, tenga la posibilidad de ser readmitida sin depender del empresario y/o reciba una compensación lo suficientemente disuasoria y reparadora», expone UGT en su escrito, firmado por su secretario general, Pepe Álvarez.
PSOE y Sumar ya contemplaron en su acuerdo de gobierno la reforma de las condiciones del despido, anticipándose a una resolución europea que sabían desfavorable. De hecho, esta reforma aparece recogida tanto en el Plan Normativo Anual de 2024 como en el de 2025, que marcan las reformas previstas por el Ejecutivo. Sin embargo, aún no se ha concretado.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha propuesto incorporar el concepto de «despido restaurativo» en la normativa laboral. Esta idea implicaría ajustar la cuantía de la indemnización en función de las circunstancias personales del trabajador, de manera que los más vulnerables recibieran mayor protección. No obstante, en la agenda actual del Gobierno la prioridad está siendo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que está condicionando tanto las negociaciones con los agentes sociales como los acuerdos en el Congreso.
Otro obstáculo para avanzar en esta reforma es la falta de consenso dentro del propio Gobierno. Mientras Sumar está a favor de abordar esta cuestión, el PSOE mantiene una postura ambigua, y algunos ministros socialistas -especialmente del área económica- se oponen a aumentar las indemnizaciones. De hecho, en la legislatura anterior, el Ministerio de Justicia argumentó ante el Comité Europeo de Derechos Humanos que la legislación vigente ya ofrecía un nivel adecuado de protección para los trabajadores.
(El Periódico, 30-05-2025)
