La Comisión Europea ha optado por endurecer su postura frente a España y ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento en relación con el sistema de indemnizaciones a los ciudadanos. El detonante es el incumplimiento continuado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 28 de junio de 2022, que reprochó al Estado español haber establecido un marco legal que hace «prácticamente imposible» que los particulares obtengan compensaciones cuando el legislador nacional vulnera el Derecho comunitario.
Desde Bruselas consideran agotada la vía de la paciencia. Pese a que la justicia europea declaró que la normativa española -en particular las leyes 40/2015 y 39/2015- vulnera el principio de efectividad, la Comisión denuncia que España no ha adaptado su legislación interna para dar cumplimiento al fallo.
La Comisión ha concedido a las autoridades españolas un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Si la respuesta no resulta convincente o no se acomete una reforma inmediata, el Ejecutivo comunitario podrá llevar de nuevo el caso ante el TJUE, conforme al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE. En ese supuesto, el tribunal estaría facultado para imponer a España una sanción económica en forma de multa diaria o de una cantidad global elevada.
El conflicto tiene su origen en 2015, con la aprobación del actual sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Desde entonces, distintas denuncias han advertido de que esta regulación impone obstáculos desproporcionados a los ciudadanos que reclaman una compensación por daños derivados de la actuación del legislador.
En su sentencia de junio de 2022, el TJUE fue tajante. Los jueces concluyeron que España incumple el Derecho de la Unión al hacer «imposible en la práctica o excesivamente difícil» el acceso a la indemnización. Entre los elementos más cuestionados se encontraban los plazos de prescripción muy restrictivos y la obligación de haber impugnado previamente actos administrativos, incluso en supuestos en los que dichos actos no existían, lo que en la práctica anulaba cualquier opción de resarcimiento.
Mientras la Comisión Europea reclama una modificación normativa, la reforma sigue bloqueada y con un enfoque discutido. En agosto de 2023, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe muy severo sobre el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia y frenar el procedimiento de infracción.
El órgano de gobierno de los jueces sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no satisface plenamente las exigencias fijadas por el TJUE e incurre, además, en un «claro exceso de competencia normativa». El CGPJ reprocha que el texto pretenda acotar los efectos de las resoluciones europeas, evitando que se apliquen a situaciones ya prescritas, lo que podría vulnerar nuevamente el principio de efectividad del Derecho de la Unión.
(Expansión, 18-12-2025)
